La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción ordenó este jueves que se revoquen las medidas cautelares sustitutivas y se imponga prisión preventiva a Alex Moraes y a otros exfuncionarios de Invest-H por la compra fraudulenta de mascarillas.
La medida incluye a los funcionarios Carlos Luis Guevara Mondragón, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández.
Además, los magistrados declararon sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Marco Antonio Bográn Corrales y se confirmó su auto de formal procesamiento por el delito de violación a los deberes de los funcionarios y fraude.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, a través de Invest-H se compraron 474 mil mascarillas médicas para el personal de salud del país, por un monto de 50 millones 836 mil lempiras.
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Y posteriormente se realizó otro pago a dos empresas por el monto de 39 millones 396 mil lempiras.
En tal sentido, de acuerdo con la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción existen suficientes indicios de que los imputados son autores o partícipes de uno o dos delitos.
Según el comunicado, existe peligro de fuga de los imputados por la gravedad de la pena que pueda imponerse como resultado del proceso y por la importancia del daño que se deba indemnizar.
Otro riesgo en el proceso de acuerdo con el comunicado es la obstrucción de la investigación, considerando que, el acusado Juan José Lagos Romero se encuentra fuera del territorio nacional, lo que pone en riesgo procesal a los testigos y peritos de la causa que pueden ser amenazados con mayor facilidad.
El mismo riesgo existe con los otros co-procesados, para evadir la acción de la justicia sin que sea suficiente la presentación de antecedentes familiares o profesionales.
Ante lo expuesto, la Corte comunicó que considera la prisión preventiva como la medida idónea, misma que debe ser dictada por la juez de instancia, a fin de reducir al mínimo la existencia de los riesgos procesales y se cumpla el desarrollo de la acción penal.
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Dato
El pasado 17 de mayo, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declaró culpable a Moraes por el delito de violación de los deberes de los funcionarios por el caso de fraude en la compra de los hospitales móviles, pero fue dejado en libertad por que dicho delito no tiene pena de cárcel, solo de inhabilitación de ocupar cargos públicos.
En el mismo caso, los jueces determinaron en su fallo absolver de responsabilidad penal a Moraes por el supuesto delito de fraude en perjuicio de la Administración pública.
Sin embargo, el pasado 3 de junio del presente año fue capturado nuevamente por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por este caso de la compra irregular de mascarillas.
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