El informe resalta, principalmente, que el 2 de febrero de 2022 el Congreso Nacional de Honduras aprobó una ley de amnistía política denominada "Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan".
La misma incluye, entre otras, la absolución de delitos penales, tales como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos.
En ese sentido, el Departamento de Estado rescató que la ley de amnistía absolvió de algunos de esos delitos a funcionarios que trabajaron durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), quien fue derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009 por promover un proyecto de constituyente a través de una consulta popular denominada "Cuarta Urna".
Zelaya, más conocido como "Mel", es esposo y asesor presidencial de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Además de ser el coordinador general del partido Libre.
Entre los funcionarios beneficiados se encuentran el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri y el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri.
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Más de medio centenar de solicitudes de extinción de responsabilidad penal fueron presentadas ante los entes competentes, en tanto que dirigentes de Libre aseguran que siete mil campesinos procesados por delitos que no cometieron podrían resultar favorecidos.
Un sistema judicial débil
El Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó que, ante la corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno, "las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental".
"El Gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas", recalca el informe.
Asimismo, agrega que la corrupción, junto con la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales, generaron una impunidad generalizada, incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad.
El documento no cita casos de corrupción en específico sucedidos durante el primer año de Gobierno de Xiomara Castro, pero sí hechos irregulares de la administración anterior de Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Castro asumió el poder el 27 de enero de 2022 tras ganar las elecciones del año anterior. Entregará su mandato en 2026.
El informe, además, evaluó aspectos como las cuestiones importantes de derechos humanos incluyendo informes de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado.
Asimismo, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes.
Sobre la ley de amnistía
El Parlamento hondureño, de mayoría del oficialista partido Libre, aprobó en febrero de 2022 una ley para amnistiar a las víctimas del golpe de Estado contra el expresidente Zelaya.
La a amnistía se aplica a quienes fungieron como funcionarios en el gobierno de "Mel" (2006-2009) que fueron procesados tras el golpe de Estado contra este, lo que fue calificado, en su momento, como un nuevo "pacto de impunidad".
De acuerdo con el decreto, se concede amnistía general las personas que hayan sido acusadas penalmente y se desempeñaron como funcionarios entre el 27 de enero 2006 al 28 de junio 2000.
Según ese instrumento, quedarán amnistiados quienes hayan incurrido en abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
También los culpables o procesados por fraude, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados, y criminalidad organizada, entre otros.
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