La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) cuestionó la legalidad del estado de excepción que se ha extendido en Honduras por 532 días, puesto que según un informe que publicó señaló que solo una vez fue ratificado y publicado en tiempo y forma en el diario oficial La Gaceta.
El estado de excepción es una medida inicialmente implementada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro desde diciembre de 2022 para combatir la extorsión y el lavado de activos.

Al respecto, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, expresó serias preocupaciones sobre la manera en que se ha manejado esta política, pues afirmó que, después de un análisis y consultas con expertos, la ASJ concluyó que la aprobación y las sucesivas prórrogas del estado de excepción han sido realizadas de manera ilegal.
"Puedo decirle de manera concreta y concisa de que, en efecto, preocupa que la manera en como se ha aprobado y ratificado este estado de excepción y sus ampliaciones han sido en la ilegalidad", expuso Castañeda a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Y agregó: "Apenas solo uno (ampliación) cumplió con la ratificación y la aprobación como establece ya la Constitución de la República, por lo tanto, todas las acciones que se han emprendido en estos 532 días se ven afectadas y han incurrido en una ilegalidad y esto puede traer repercusiones severas al Estado de Honduras".
Preocupación por estado de excepción
Además, la ASJ también presentó datos alarmantes sobre la situación de la extorsión en el país. Según Castañeda, una encuesta realizada por la organización reveló que más de 280,000 hogares fueron víctimas de extorsión en 2023, pero solo se lograron 64 condenas, lo que indica un índice de impunidad superior al 99%.
En es sentido, destacó que la falta de denuncias no se debe a la desidia de la población, sino a la desconfianza en las autoridades y en los mecanismos de protección de testigos.
"Obviamente, muchos van a decir 'sí, pero la gente no quiere denunciar', pero la gente no denuncia no porque no quiere, la gente no denuncia porque no se siente protegida por el Estado, no siente confianza en las autoridades ni en los mecanismos de protección de testigos", lamentó.
Y prosiguió: "Es ahí donde voy a estarle apuntando una política de seguridad nacional y cómo fortalecer esos sistemas, esos mecanismos y con eso impulsar la confianza ciudadana y que la gente, estos 283,000 hogares víctimas, comiencen a presentar sus denuncias de manera confiada y positiva".
Estado de excepción en Honduras: su impacto
El estado de excepción, implementado en noviembre de 2022, se implementó para combatir frontalmente la extorsión y el lavado de activos, con el objetivo de restablecer la paz y el orden, preservar vidas y facilitar la detención de los perpetradores.
Para ello, se suspendieron varias garantías constitucionales, limitando derechos fundamentales como las libertades de asociación y circulación, así como la inviolabilidad del domicilio.
Aunque estas restricciones estaban inicialmente limitadas a un máximo de 45 días, la medida se ha prorrogado repetidamente por 12 ocasiones sin el debido análisis del Congreso Nacional, según la ASJ, cubriendo ahora 226 de los 298 municipios del país.
Preocupaciones ante la medida
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado vrias preocupaciones principales sobre las ampliaciones del estado de excepción en Honduras, incluyendo la falta de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, la remilitarización penitenciaria y la ausencia de datos claros sobre las detenciones realizadas.
Asimismo, la CIDH también ha señalado que las garantías de debido proceso no deben ser suspendidas, incluso en estados de excepción.


Por otra parte, Castañeda reconoció que, aunque los homicidios han disminuido, los resultados en la lucha contra la extorsión siguen siendo muy débiles, por lo que instó a las autoridades hondureñas a hacer un "giro de timón" y buscar otras medidas legales para combatir la extorsión de manera efectiva.
(Artículo de Javier Álvarez con el apoyo de la Inteligencia Artificial).

