El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó este jueves un nuevo requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en el caso Koriun Inversiones, una empresa fachada que habría operado bajo un esquema de fraude piramidal, estafando a miles de personas en distintas regiones del país.
Los nuevos imputados son Elder Jehovany Gómez Guevara y Juan Carlos García Ríos, administradores de las sucursales en Copán y Santa Bárbara, quienes ya enfrentaban acusaciones previas por asociación para delinquir.
Caso Koriun: amplían requerimiento
Según las investigaciones, ambos presentan movimientos financieros que no se corresponden con sus ingresos legales.
Gómez Guevara no logra justificar más de 7.3 millones de lempiras, mientras que García Ríos no acredita la procedencia lícita de 1.5 millones de lempiras, detalla el informe.
Este nuevo requerimiento se suma a la ampliación de cargos presentada el pasado 27 de junio contra el gerente general de la red, Iván Abad Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y Marco Abel Villeda Galdámez, todos inicialmente acusados por lavado de activos.
Además, se han formalizado cargos contra otros administradores de sucursales en La Entrada, Santa Bárbara, Juticalpa (Olancho) y Danlí (El Paraíso), revelando así el alcance nacional de esta presunta estructura criminal.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, informó que los dos hombres se encuentran prófugos de la justicia.
Inversionistas aún no reciben su dinero
Inversionistas de Koriun protestaron este jueves frente a casa presidencia, en Tegucigalpa, debido a que nos les han devuelto su dinero. Los afectados han sido llamados a conformar una comisión de tres representantes para iniciar diálogo con enviados de la presidenta Xiomara Castro.
Destapan red de corrupción
En abril de 2025, el Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), aseguró que la empresa Koriun Inversiones, junto a bienes y cuentas bancarias vinculadas, por operar bajo un presunto esquema Ponzi que representaba un riesgo para el sistema financiero nacional
La alerta inicial provino de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la CNBS, que detectó captación irregular de dinero. Al inspeccionarla, se evidenció que la compañía no contaba con autorización financiera ni respaldo legal.
Según las investigaciones, ofrecía rendimientos del 5 % semanal (≈ 20 % mensual), prometiendo recuperar la inversión en cinco meses.
Para mayo, el esquema ya había generado ingresos superiores a los L. 86,9 millones, provenientes de unos 35,000 inversionistas, sin registro legal ni supervisión oficial.
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