El analista político Luis León ha criticado duramente la falta de avance en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa de campaña del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Según León, la implementación de la CICIH solo requiere voluntad política y pudo haber avanzado con la firma de un convenio. Sin embargo, señaló que el oficialismo utiliza una narrativa trillada al culpar a la oposición de impedir la llegada de la CICIH, a pesar de estar en el poder. Si ellos están en el poder, es una narrativa trillada. Los políticos no tienen interés en la lucha contra la corrupción , expresó el exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). Además, subrayó la falta de transparencia en las negociaciones con Naciones Unidas, destacando que aunque se conoce el inicio del proceso, no hay información clara sobre el estado actual de las negociaciones. Recientemente, Yahvé Sabillón, presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, declaró a HRN que sectores cercanos a la presidenta Xiomara Castro se oponen a la instalación de la CICIH. Sabillón advirtió que el partido Libertad y Refundación (Libre) podría enfrentar problemas en las elecciones de 2025 si no se instala la CICIH. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, afirmó que cada día sin la CICIH es un día perdido y que no instalarla sería una oportunidad perdida para el país. ¿Qué pide la ONU para la instalación de la CICIH? Para la instalación de la CICIH, la ONU ha solicitado la derogación o modificación de varias leyes. Entre las principales reformas necesarias se encuentran la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, reformas al Código Penal que reducen las penas por corrupción, modificaciones a la Ley de Amnistía Política (Decreto 04-2022) que beneficia a acusados por corrupción, y la derogación del Decreto 117-2019 que otorga inmunidad a los diputados. Aunque el Gobierno asegura que la CICIH llegará, diferentes sectores cuestionan la lentitud del proceso por parte del Congreso Nacional y el Ejecutivo, a medida que se acerca el final del mandato de la presidenta Castro (2022-2026).