El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.
Esta normativa introduce un marco legal de mayor rigor, orientado a desarticular estructuras criminales y blindar la seguridad en los centros penales del país.
Entre las medidas clave, el ordenamiento dispone que los reclusos vinculados a estas agrupaciones sean trasladados a regímenes de alta y máxima seguridad.
Bajo este esquema, los privados de libertad enfrentarán aislamiento individual, vigilancia permanente y severas restricciones en sus visitas y comunicaciones.
Asimismo, la ley faculta a la Policía Nacional y a la Policía Militar del Orden Público para intervenir en zonas declaradas como "Territorios de Alto Riesgo".
En estos puntos, las fuerzas de seguridad podrán aplicar controles de acceso, monitoreo constante y restricciones temporales a la libre circulación para recuperar el control territorial.
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'Ley contra maras', el siguiente paso
El Gobierno de Honduras se encaminó días atrás a declarar oficialmente como asociaciones terroristas a por lo menos tres organizaciones criminales que operan en el país.
La medida trasciende tras una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en la que las máximas autoridades abordaron nuevas estrategias operativas para hacer frente a la criminalidad organizada.
Entre los grupos contemplados en esta categorización se encuentran las principales maras y pandillas de la nación, una iniciativa que busca sentar un fundamento legal más riguroso.
Con este estatus, el Ejecutivo pretende dotar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de un marco jurídico ampliado para ejecutar intervenciones de mayor alcance.
Esta determinación se alinea con los planes estratégicos anunciados por la cúpula militar, que anticipaban acciones sorpresa y un frente común en diversos departamentos del territorio nacional.
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