La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció este martes una serie de presuntas irregularidades que plagan los contratos de energía térmica en Honduras, firmados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en una investigación exhaustiva presentada hoy y llevada ante el Ministerio Público (MP).

La pesquisa, llevada a cabo mediante análisis detallados de contratos, solicitudes de información al Instituto de Acceso a la Información (IAIP), y evaluaciones de contrataciones de emergencia, reveló que dichos contratos prácticas que socavan tanto la estabilidad financiera como el bienestar ambiental del país.

El origen de la denuncia

Es así que el foco principal de la investigación ha sido el polémico contrato con la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. (Cechsa), suscrito durante la presidencia de José Manuel Zelaya en 2008.

Este contrato, inicialmente marcado por irregularidades y sobrecostos significativos, permaneció vigente durante años sin entrar nunca en operación, generando un déficit en el Sistema Interconectado Nacional y obligando al país a depender del Mercado Eléctrico Regional.

De manera alarmante, según la ASJ, en 2024, este contrato "revivió" bajo el nombre de "Brassavola", con modificaciones sustanciales en tecnología, duración y ubicación, lo que sugiere una supuesta grave falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades pertinentes.

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En ese aspecto, el impacto financiero de estas decisiones es preocupante, según la entidad, con una alta dependencia en la generación térmica que ha llevado a una tarifa eléctrica nacional significativamente más cara que la de los países vecinos.

Costos adicionales

De acuerdo con la investigación de ASJ, la entrada en operación de la nueva planta de Villanueva, Cortés, bajo estos términos, representaría un aumento adicional en la tarifa del usuario final de al menos un 4 %, generando una presión financiera insostenible para la ENEE y el gobierno.

Ante estos hallazgos, ASJ instó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a realizar una auditoría exhaustiva de los contratos otorgados a Cechsa y otras empresas, al Congreso Nacional a no aprobar contratos lesivos para las finanzas del país, y a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a no permitir que los costos de generación se trasladen a los usuarios finales.

Además, se hizo un llamado a entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a condicionar los financiamientos otorgados al país y a instituciones como la ENEE.

Los resultados de la investigación fueron presentados ante el Ministerio Público por la mañana de este martes por medio del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de ASJ, en busca de la acción legal correspondiente.

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'Es un informe sesgado y débil'

Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, rechazó los señalamientos de ASJ, y defendió la gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro por renegociar los contratos existentes en la ENEE.

"¿Porque ASJ no hace referencia a lo que el ministro de Energía hizo esta mañana? Cuando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro asumió la ENEE había 115 contratos firmados y de esos además había 95 en operación. Esos 115 contratos firmados tuvieron que ser renegociados por la ENEE y la Ley de Energía Eléctrica señalaba que había un período específico para su renegociación", expuso.

En tal aspecto, Noé Pino cuestionó la selección de ASJ de una empresa en particular para la investigación y señala una historia de problemas en el sector eléctrico que se extiende más allá de la administración actual.

"Ahora van a venir esos contratos y como yo les repito, a mí lo que me extraña es porque, si había 115 contratos que estaban sujetos a renegociación, ¿porque ASJ se refiere solamente a una empresa y por qué omite cualquier análisis que se haya dado en los últimos 12 años del gobierno del Partido Nacional", agregó el diputado.

'Ataques políticos'

Por otro lado, el gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, también rechazó los señalamientos de la ASJ, calificándolas de ataques políticos encubiertos.

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Tejada argumentó que la situación heredada por el gobierno actual era desastrosa y acusa a sectores históricamente poderosos en el país de distorsionar el mercado energético para su propio beneficio.

"Cuando nosotros recibimos la administración en febrero del 2022 nos encontramos una empresa en los suelos, destruida, agotada y asfixiada alevosamente en un camino irreversible, según ellos, de la privatización de la empresa pública. La encontramos con 75,600 millones de lempiras de deuda bancaria y eso representaba en su momento el 10% del Producto Interno Bruto", explicó.

Y prosiguió: "hoy en un ataque sesgado, que saca de contexto todo el proceso de renegociación de contratos, amparados en los artículos 4 y 5 de la reforma energética y en el artículo 9, que si se lee bien, da dos años para que las empresas entren en operación".

Llamado a la transparencia

Kenneth Madrid, representante de ASJ, enfatizó la importancia de la transparencia en este asunto y llamó al Gobierno a permitir una supervisión ciudadana más amplia sobre los contratos y procesos relacionados con la generación de energía.

"En estos temas, lo más importante es generar transparencia. Creo que hubiese sido importante que todos estos movimientos que el Gobierno está haciendo los hubiese divulgado, hubiera permitido la veeduría ciudadana, la veeduría de la sociedad", manifestó Madrid a noticiero Hoy Mismo, de TSi.

Y expuso: "Ahora bien, estábamos viendo los argumentos que establece también el gerente de la ENEE. Bajo estos argumentos hay algunos aspectos que son esenciales en este tema y es también quizá que el Gobierno de buena fe lo ha hecho, pero es la poca transparencia que se ha mostrado hasta la ciudadanía con este tipo de contrataciones".



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