La audiencia pública de juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, se desarrolló este martes 24 de marzo en el Congreso Nacional, en la capital de Honduras.
El fiscal suspendido compareció desde cerca de las 3:00 hasta a eso de las 5:30 de la tarde de este miércoles ante una comisión especial del órgano legislativo, la cual le realizó múltiples presuntas sobre los señalamientos en su contra.
Según reiteró el fiscal suspendido, siempre actuó en el marco de la ley, pero supuestamente a algunas personas 'les incomoda' que esté en ese cargo.
Esta audiencia se desarrolló luego de que un día antes, el lunes 23 de marzo, se admitió una denuncia en ese poder del Estado debido a presuntas actuaciones graves de Zelaya durante el ejercicio de sus funciones, razón por la que se le suspendió de su cargo.
Precisamente, el Congreso Nacional aprobó la medida con 93 votos de cuatro bancadas, siendo la primera vez en la historia de Honduras que se admite un juicio político y, al mismo tiempo, que se suspende de inmediato a un alto funcionario.
Cierre de audiencia de juicio político contra Johel Zelaya
La audiencia finalizó a eso de las 8:30 de la noche, donde un diputado de la comisión especial cerró dando algunas palabras sobre algunas manifestaciones del fiscal suspendido, quien estuvo reiterando que a los políticos 'les estorba' que esté en ese cargo.
Sobre lo anterior, el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, manifestó que a ellos no les estorba, sino que realmente se trata de un juicio político, lo cual fue 'dejado claro' por los testigos, según aseveró.
"El juicio político se le aplica al fiscal general, Johel Zelaya, porque abusó de su cargo, porque no cumplió con sus funciones, porque no hubo el mismo manejo como se ha probado aquí en varias ocasiones, no existió la misma medición para los que cometieron ilícitos durante el proceso electoral, se midió diferente, hubo una aplicación de justicia selectiva", explicó, resaltando que eso es lo que 'les compete'.
Tras ello, el congresista Mario Pérez, quien preside la comisión, recordó que ellos deberán elaborar el informe que será presentado al pleno de diputados.
"El fiscal general tiene el derecho de acudir al pleno, entiendo que esto va a ser el día de mañana (miércoles 25 de marzo), en su decisión de comparecer o no, lo dijo antes de retirarse", informó.
Luego, el pleno deliberará y discutirá el informe para posteriormente votar si finalmente es destituido de su cargo.
Testigos declararon en audiencia contra Johel Zelaya
A eso de las 6:00 de la tarde, siete testigos rindieron su declaración en la audiencia del juicio político, donde manifestaron que Johel Zelaya realizó actos que entorpeció el proceso electoral, que presuntamente hubo justicia selectiva, abuso de autoridad y que supuestamente habría frenado requerimientos contra Adán Fúnez, exalcalde del Partido Libre en Tocoa, en Colón.
El primero de ellos fue un exempleado del Consejo Nacional Electoral (CNE) de nombre Raúl Amílcar Rivera Montoya, quien aseveró ser un afectado por actuaciones del fiscal suspendido y señalando que él, junto a otras personas que también tienen un requerimiento fiscal en su contra, "han tenido un trato desigual de la justicia" por las elecciones primarias del domingo 9 de marzo de 2025.
Posteriormente, tras unos 14 minutos, declaró Dennis Emilio Hércules Rosa, el segundo testigo, otro exempleado del CNE que denunció persecución política.
"El único requerimiento fiscal presentado por el desastre que hubo (en las elecciones primarias) somos empleados del CNE", lamentó él, agregando que no se procesó a miembros de las Fuerzas Armadas o, en su caso, a quien era jefe del Estado Mayor Conjunto.
Esto pese a que, según recordó, las FF. AA. son quienes se encargan de garantizar la distribución del material electoral.
Posteriormente, a eso de las 6:34 de la tarde, Fabricio Perdomo, un auxiliar del Ministerio Público compareció como tercer testigo al denunciar "actuaciones ilegales" de Zelaya respecto a descensos 'ilegales', aumentos selectivos y otros temas en lo laboral. "Tiene un grupo privilegiado ahí", lamentó.
"Desde el punto de vista laboral, sí ha cometido (delitos), ha cometido violaciones graves", precisó al ser consultado sobre el actuar del fiscal suspendido.
Ya a las 7:03 de la noche comenzó el turno de Ricardo Adolfo Zavala, el cuarto testigo, otro empleado del Ministerio Público quien, antes de rendir su declaración, denunció que Johel Zelaya supuestamente lo increpó luego de cruzarse previo a que llegara a comparecer.
Luego, a eso de las 7:23 de la noche, inició la declaración del quinto testigo, siendo en este caso Antonio Kattán, quien se encuentra bajo arresto domiciliario al ser acusado de supuestamente planear el asesinato del expresidente Manuel Zelaya.
Durante su comparecencia, Kattán aseguró que un fiscal le manifestó que, aunque él sabía que no había pruebas en su contra, Johel Zelaya supuestamente lo pretendía usar para que el caso continuara siendo mediático.
"Él sabe que lo que hizo fue por parte del Gobierno (encabezado en ese entonces por la expresidenta Xiomara Castro), para desviar la atención", puntualizó.
Por último, a las 7:37 de la noche comenzó a rendir su declaración Jessica Ninoska Matute, otra empleada del Ministerio Público que denunció un abuso de autoridad de Johel Zelaya en contra de su esposo, quien también laboraba en el organismo perseguidor del delito.
Además, denunció que, presuntamente por culpa del fiscal suspendido, su esposo no recibió tratamiento adecuadamente ante un problema cognitivo que estaba desarrollando y, a raíz de ello, él murió al ser atropellado.
"Yo quiero justicia, se lo digo con dolor en mi alma", expresó.
Debido a su caso, Jessica denunció que su esposo fue víctima de represalias, abandono institucional y un trato "cruel e injustificado" luego de que él cuestionara meses atrás el nombramiento de Zelaya como fiscal general por parte de nueve diputados.
Por último, a eso de las 7:53 de la noche compareció la última testigo, otra fiscal del Ministerio Público que expuso que, junta a otra persona, investigó durante años a un alcalde en Colón tras recibir denuncias por parte de ambientalistas, entre ellos Juan López (asesinado en septiembre de 2024) debido a presuntos actos de corrupción.
No obstante, lamentó que el caso fue dejado en pasivo, por lo que la investigación fue frenada "hasta nuevo aviso".
Posteriormente se le dejó continuar con la investigación, para lo cual presentó un proyecto de requerimiento fiscal en contra de ese edil que terminó siendo modificado, según denunció.
Precisamente, con ese cambio se omitía algunos delitos contra el alcalde y otras modificaciones que cambiaban la tesis acusatoria.
Ante esa situación, ella, junto a su compañera, se negaron a firmar ese requerimiento fiscal debido a que 'no lo hicieron', terminaron siendo sometidas "arbitrariamente" a un proceso disciplinario.
Pese a no haber sido "sometida a ningún proceso", fue suspendida del cargo de fiscal y jefe de la Fiscalía Anticorrupción, se le "vulneraron" sus derechos y se le sancionó de manera inmediata.
Por tal razón acudieron a una cita personal con el fiscal en general en la capital y, cuando él los atendió, le expusieron "todo lo que pasaba, todos los involucrados en el expediente" y cuál era su temor.
Según contó, luego de ello, al final fue sancionada por supuestamente haber cometido "la falta más grave", que es haber desobedecido a la máxima autoridad nominadora, siendo en este caso el fiscal general.
"Mi mayor sorpresa fue porque no entendía en qué lo había desobedecido, no entendíamos, nunca había tenido a la vista una orden directa del fiscal general", relató.
Final de la jornada de preguntas y respuestas
Luego de la jornada de preguntas por parte de las congresistas, el fiscal suspendido agradeció a los presentes y ratificó que, "en efecto, es un juicio político".
Posteriormente, Johel Zelaya reconoció que se necesitan reformas a la Ley Electoral para que el Ministerio Público pueda actuar y procesar a quienes retrasen las elecciones.
Además, resaltó que, efectivamente, en Honduras debe haber justicia pareja.
Respecto a los cuestionamientos por el 'narcovideo' en el que aparece el exdiputado y exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, reiteró que 'es diferente' a otros debido a que en este solo se ofrece dinero, por lo que se trata de conspiración.
Por otro lado, invitó a llegar a la verdad sobre el tema de los audios, por lo cual solicitó que se desbloqueen las grabaciones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para 'llegar hasta el final' y, con ello, tener la certeza de si estos son reales o no.
También adelantó que analizará si comparecerá ante el pleno del Congreso Nacional este miércoles 25 de marzo.
El fiscal suspendido finalizó su discurso reiterando que la resolución de que no continuará en el cargo 'ya está decidida' y que la comisión especial no tiene objetividad.
"Yo estoy aquí porque estorbo, porque incomodo", reiteró Johel Zelaya, aseverando que por tal motivo es que se realizó el juicio político en su contra.
Zelaya finalizó su discurso expresando que 'se va con la frente en alto', aunque advirtió consecuencias 'por trastocar la institucionalidad'.
Tensión entre Johel Zelaya y Jorge Cálix
Durante la audiencia, Johel Zelaya y el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, generaron tensión cuando el congresista le realizaba preguntas al fiscal suspendido que posteriormente respondía.
Precisamente, Zelaya atizó que Cálix no podía cuestionar su reputación debido a que él "no tiene moral" para hacerlo.
"No solo tengo la moral, no lo estoy cuestionando yo, yo estoy aquí por una denuncia, no sé porqué se molesta, yo solo le estoy preguntando: ¿Cómo sabe que son reales (audios)?", cuestionó posteriormente el legislador.
Posteriormente, el fiscal suspendido le indicó a Cálix, quien le reiteró que fue juramentado por el exdiputado Carlos Zelaya, que él funge como diputado pese a que "no sacó ni un voto".
"Usted ha dicho cinco veces que a mí me juramentó el señor Carlos Zelaya. Usted ha irrespetado al pueblo hondureño; no sacó ni un voto y fue juramentado, eso es inconstitucionalidad", le indicó.
El momento de tensión se dio luego de que el diputado insistiera en cuestionar el porqué el Ministerio Público, bajo el mando de Johel Zelaya, actuó diferente en el caso de los audios sobre una supuesta conspiración para quitarle la vida al expresidente Manuel Zelaya Rosales, lo que llevó al arresto de tres adultos mayores; y el video que originó el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sesedol).
Al respecto, el fiscal suspendido precisó que las investigaciones eran "totalmente diferentes", por lo que no se podían comparar.
Precisamente, explicó que el video del caso Sedesol era un material público, mientras que los audios eran intervenciones privadas, lo que permitió establecer vínculos más claros mediante el rastreo telefónico y la confirmación de números.
Las primeras preguntas a Johel Zelaya durante audiencia por juicio político
La primer pregunta al fiscal general fue por parte del diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, quien le recordó que llegó a ese puesto al ser nombrado en ese entonces por una Comisión Permanente del Congreso Nacional que estuvo integrada por nueve congresistas, la mayoría del partido Libertad y Refundación (Libre).
"Todo lo que comienza mal, termina mal", manifestó el legislador, consultándole por qué aceptó el nombramiento interno de ese cargo pese a que en el mismo continuaba otra persona y, además, que fue elegido por esa Comisión.
Al respecto, Johel expresó que era un tema político e indicó que habría que plantearle esa pregunta a los diputados que integraron esa Comisión Permanente.
Además, sobre la supuesta intromisión de las Fuerzas Armadas en los comicios, aclaró que la participación de ellos se limitó al transporte del material electoral.
También aseveró que cualquier solicitud realizada por un general no correspondía a un acto delictivo.
"Delito hubiese sido entrar por la fuerza a contar actas. Pero una petición formal, como la que hizo un general, no constituye delito. Es lo mismo que yo le pidiera a un diputado que me regale un departamento, no hay ilegalidad", señaló.
¿Qué más dijo el fiscal suspendido durante la jornada de preguntas y respuestas?
Luego fue consultado sobre unas memorias USB con audios que presentó en una conferencia de prensa pese a que, según reiteraron distintos sectores en ese entonces, no se debe revelar públicamente información de una investigación y, en este caso particular, la misma ni había iniciado e incluso la evidencia no había sido comprobada.
Esto llevó posteriormente a que el Ministerio Público iniciara un proceso investigativo por supuestas conspiraciones en el marco de las elecciones generales que se desarrollaron el domingo 30 de noviembre de 2025.
Al respecto, el fiscal suspendido argumentó que puede mostrarse evidencia para informar a los perjudicados (en este caso, según sostuvo, el pueblo hondureño), recordó que el Ministerio Público debe investigar cualquier denuncia, pero admitió que, en caso de haber sido extraído unas llamadas personales (que conforman los audios) sin previa autorización judicial, la persona que lo hizo habría cometido un delito.
Sobre otro de sus señalamientos, siendo en este caso un uso político e indebido del Ministerio Público, Zelaya aseveró que nunca lo hubo.
"Nunca llamé a un fiscal para decirle 'hay que perseguir a Juan Pérez porque es de este partido'. Eso nunca", sostuvo.
Audiencia de juicio político contra Johel Zelaya, ¿qué inició diciendo el fiscal suspendido?
Durante su comparecencia, Johel Zelaya reiteró que no tiene alguna responsabilidad penal debido a que 'siempre actuó pegado a la ley'.
Además, expresó que se sentía "condenado mediáticamente", pero reiteró que buscará explicar al pueblo cada uno de los hechos de los que se le señala.
"Yo creo que es importante que el pueblo conozca la verdad y que se despoje un poco del sentimiento político para valorar nuestra labor", precisó.
¿Por qué el juicio político contra Johel Zelaya?
Los diputados argumentaron que Johel Zelaya presuntamente realizó algunas actuaciones que, según ellos, representan violaciones a la Constitución de la República e incluso un uso indebido de la institución a su cargo.
Estos son los principales señalamientos:
- Intervención en el proceso electoral.
- Difusión de pruebas sin respaldo técnico.
- Persecución penal selectiva.
- Acciones contra el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
- Uso político del Ministerio Público.
- Omisiones en investigaciones clave.
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