La tragedia, que dejó más de 107 reclusos fallecidos y sumió en el dolor a 50 familias, fue seguida desde entonces por la interposición de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Bajo el caso "Pacheco Teruel y otros", la CIDH determinó en 2012 que el estado de Honduras debía compensar a cada una de las 107 familias con una indemnización de L317,289 lempiras con 72 centavos, según el MP.
Es así que los fondos comenzaron a pagarse en 2017, luego de la creación de una comisión por parte de la Directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, la investigación del Ministerio Público reveló un oscuro capítulo en esta historia de dolor. Se descubrió que 49 cheques, destinados a igual número de familias, fueron cambiados en el Banco Central de Honduras (BCH) por una misma persona.
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Esta persona actuó con poderes que nunca fueron otorgados por las víctimas, y se detectaron inconsistencias en la documentación, incluyendo firmas y huellas que no coincidían con las de los afectados.
Además, se encontró que muchos expedientes no contaban con la debida autorización por parte de la Comisión creada en el INP, lo que señala una serie de irregularidades en el proceso.
Es por ello que el Ministerio Público solicitó órdenes de captura contra los presuntos responsables, quienes enfrentan cargos por fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.
Entre los acusados se encuentran empleados del INP y notarios públicos que presuntamente participaron en la apropiación ilegal de los fondos destinados a las víctimas, burlándose así de los dolientes que nunca recibieron la compensación prometida. No obstante, no se precisarón los nombres de los implicados.
La tragedia
El 17 de mayo de 2004 se desató un incendio en el antiguo centro penal de San Pedro Sula, ocasionado por problemas estructurales en dichas instalaciones.
En aquel entonces, fueron 107 los reclusos que perdiero la vida en el recinto penitenciario, que fue cerrado en 2017, de donde más de 1,500 ocupantes fueron trasladados a la cárcel de Morocelí, El Paraíso, en el oriente de Honduras.
Entretanto, otros fueron remitidos a diferentes presidios del país.
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