El coronel Ramiro Muñoz Bonilla, jefe de la Policía Militar, anunció la apertura de un nuevo proceso de licitación para la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, luego de que el proceso inicial fracasara debido a la falta de cumplimiento de las garantías bancarias por parte de las empresas participantes. Muñoz explicó, en entrevista para noticiero Hoy Mismo, de TSi, que, al inicio del proceso, 12 empresas mostraron interés en participar en la licitación para la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, localizadas a unos 25 kilómetros al noreste de tierra firme de Honduras en el mar Caribe. Sin embargo, solo seis de ellas presentaron la documentación requerida. De esas seis, una se retiró, dejando cinco en competencia. Tras la evaluación, tres de estas empresas cumplieron con la reglamentación inicial, que incluía aspectos financieros, técnicos y legales. Es así que de las tres empresas que clasificaron, dos quedaron al final del proceso: una internacional y una nacional. No obstante, ninguna de ellas logró presentar las garantías bancarias exigidas por la ley. La empresa internacional no pudo presentar sus garantías bancarias en bancos nacionales, lo que exige la ley, y la hondureña tampoco pudo presentar estas garantías. Entonces, no pudieron participar , detalló el coronel Muñoz. Ante esta situación, el proceso fue declarado fracasado y se iniciará una nueva licitación. Hoy mismo tenemos que trabajar para iniciar este proceso. Las empresas que participaron pueden hacerlo de nuevo porque ya están precalificadas, pero deben cumplir con la parte legal , subrayó Muñoz, quien también aseguró que el nuevo proceso será más rápido. Requisitos legales y garantías bancarias Muñoz hizo hincapié en la importancia de que las empresas cumplan con todos los requisitos legales, técnicos y financieros para participar en esta nueva licitación. No debe aparecer ninguna empresa de maletín ni ninguna inventada a última hora. Además, es esencial que cumplan con la capacidad técnica para mover todos los equipos necesarios a la isla y, lo más importante, que presenten las garantías bancarias , insistió. Según Muñoz, estas garantías son cruciales para proteger al Estado. Si ellos no pueden continuar por cualquier motivo, se les aplica esa garantía bancaria y el Estado nunca va a perder , afirmó. Avances en el proyecto penitenciario A pesar de los retrasos, el comandante de la PMOP se mostró confiado en que la cárcel en Islas del Cisne estará lista en los plazos previstos. Entre junio, julio y agosto (2025), nosotros tenemos que tener terminada esa cárcel. En marzo, ya tendremos disponible el espacio para llevar a los primeros 1,000 cabecillas de maras, pandillas y organizaciones criminales , adelantó. De igual manera, destacó las dificultades que ha enfrentado en la gestión del proyecto, señalando que hacer lo correcto cuesta tanto , pero reafirmó su compromiso de seguir adelante con la construcción. Preocupaciones ambientales y sociales Por otro lado, Ana Velásquez, especialista en cambio climático de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó su preocupación por el impacto que la construcción de la cárcel podría tener en las comunidades cercanas y en el medio ambiente. Si perdemos los recursos pesqueros, perdemos los medios de vida, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de las comunidades costeras , advirtió. Asimismo, Velásquez subrayó que las comunidades dedicadas a la pesca serían las primeras en sufrir las consecuencias, y que también se verían afectados el turismo y el ecoturismo, debido al daño potencial al arrecife en el Caribe hondureño. Esto va a tener una repercusión permanente , lamentó. Ante esta situación, la representante de la ASJ solicitó que se abran espacios de diálogo para que la sociedad civil, junto con expertos, pueda participar en la toma de decisiones. El mensaje es claro: simplemente quieren que se busque otro sitio con el apoyo de los especialistas para provocar el menor impacto ambiental , concluyó Velásquez. Proyecto carcelario en el Caribe El Gobierno de Honduras, mediante el decreto ejecutivo PCM 18-2024, anunció en 2023 la construcción de dos centros penales, uno de ellos en las Islas del Cisne para 2,000 reclusos, con una inversión de aproximadamente 2,000 millones de lempiras. El segundo centro penitenciario se proyecta entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, con capacidad para albergar a 20,000 reclusos. Las autoridades aseguran contar con las licencias ambientales necesarias y prevén que la construcción inicie en agosto próximo. Sin embargo, el proyecto ha sido objeto de controversia, con varios sectores cuestionando su viabilidad y anunciando posibles demandas internacionales contra el Estado de Honduras.