La Comisión Interventora del Instituno Nacional Penitenciario (INP), que preside la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, quedó instalado el viernes 12 de mayo, y en su primera reunión quedaron oficializados los dos comisionados adjuntos y entre las algunas de las medidas a implementar destacan algunas excarcelaciones y libertades condicionales.
Sanrdra Rodríguez (izquierda) y Mario Chinchilla (derecha), comisionados adjuntos para intervención de las cárceles de Honduras.
Foto: HRN
Los integrantes de la comisión son Mario Chinchilla, exfiscal contra el crimen organizado, además de la excomisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Sandra Rodríguez.
Dicha comisión interventora entra en función poco más de un mes después de que la presidenta Xiomara Castro la anunciara en abril de 2023.
Sandra Rodríguez dijó este domingo a Diario Matutino, de HRN, que ya comenzarán con las acciones del decálogo de acciones que anunció Julissa Villanueva para hacerle frente a la crisis en las cárceles del país, en las que se han suscitado varias reyertas en lo que va de 2023.
En dicho decálogo, la interventora contempla el otorgamiento de libertades condicionales y excarcelaciones para la reinserción social de algunos privados de libertad, así como también el beneficio para quienes tengan enfermedades graves.
La excarcelación de personas consiste en otorgarles la libertad luego de cumplir una serie de requisitos, mientras que la libertad condicional se da a algunos individuos que cumplieron una parte de su pena; esta se otorga, regularmente, por casos de buen comportamiento y, de igual manera, se cumplen algunos requisitos paral lograrlo.
Entrevista de Sandra Rodríguez a HRN.
Lo anterior, con la idea de reducir la sobre población penitenciaria, pues los 25 centros penitenciarios de Honduras tiene capacidad para albergar a unos 15,000 reos, pero la población carcelaria actualmente es de casi 20,000.
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"Las acciones puntuales que se van a iniciar es el descongestionamiento en coordinación con el Poder Judicial, la defensa pública, la PGR (Procuraduría General de la República) en los casos que amerite", expresó Rodríguez a HRN.
Al respecto, manifestó que el estimado de personas que recibirían este beneficio es de entre 2,000 y 2,300 privados de libertad.
"Se está trabajando una estrategia de seguridad que conlleve seguridad integral en la que no se ponga en riesgo la vida de de nadie, lo que se busca es establecer una la mejor estrategia para que, de manera coordinada y conociendo cada una de las poblaciones en los centros penitenciarios (...) se puedan desarrollar estos procesos de desarme de la mejor manera.", resaltó.
Desarme penitenciario
Además, Rodríguez expresó que el desarme (retiro de armas de fuego y arma blanca) que se llevará a cabo en las cárceles hondureñas, anunciado por Julissa Villanueva, se hará en primera instancia en el marco del diálogo con los privados de libertad y sus familiares.
"Hemos estado instando desde diferentes actores a que pueda hacerse de manera pacífica, también a los familiares que puedan orientar a sus hijos, hermanos, esposos, tíos, papás, para que de manera pacífica pueda desarrollarse esto y que realmente se cumpla el fin que ya establece la Constitución de la República", sentenció.
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Reinserción social
Del mismo modo, la comisionada adjunsta de la interventora enfatizó que dicho diálogo tiene la intención, al mismo tiempo, de que haya una verdadera rehabilitación y redención de los presos en las cárceles del país.
En ese aspecto, destacó también la necesidad de que se establezan "verdaderas políticas de atención integral a las víctimas y que no continúa viendo este estigma social para con las personas privadas de libertad, una vez que cumplen su pena".
Crisis carcelaria
Honduras cuenta con 25 cárceles en todo el territorio, de las cuales, cuatro son de máxima seguridad.
Estas están ubicadas en Ilama, Santa Bárbara; El Porvenir, Francisco Morazán; Morocelí, El Paraíso y Támara, Francisco Morazán, en las que se dieron algunos amotinamientos que dejaron un muerto y varios heridos el sábado 8 de abril.
Ante ello, la presidenta Xiomara Castro anunció el 9 de abril la intervención en el sistema penitenciario para frenar la crisien dichos recintos y el 10 de abril nombró a Julissa Villanueva como titular de la comisión interventora.
No obstante, desde entonces son varias las reyertas suscitadas en las cárceles, especialmente en 'El Pozo', en Ilama, Santa Bárbara.
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