Honduras es uno de los países con la carga tributaria más elevada en Centroamérica, un índice que ronda el 18 por ciento y que mide el peso de los impuestos en el país.
Esto se traduce así: De cada cien lempiras de la producción nacional o del Producto Interno Bruto (PIB), unos 18 lempiras van al fisco en calidad de impuestos pagados, mientras que en las otras naciones del área la carga tributaria varía entre 10 y 17 por ciento.
En los últimos 12 años la recaudación de impuestos se ha incrementado desde 42,000 millones en 2010 a una proyección de 119,000 millones en el presente período.
De ello se deriva que, en el tiempo señalado, los ingresos por diferentes cargas vigentes en el país se ha incrementado en 180 por ciento.
Para este año está proyectada la recaudación de un poco más de 36,000 millones de lempiras por concepto del Impuesto sobre la Renta y de 58,600 millones por Consumo y Ventas.
Los gravámenes sobre servicios y actividades específicas le dejarán a las arcas aproximadamente 17,300 millones de lempiras, según se establece en el Presupuesto de la República que ha sido reformulado.
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En este apartado se destacan los ingresos del renglón de Aporte para la Atención de Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial; es decir, los impuestos a los carburantes, que están calculados en 13,000 millones de lempiras para este año.
El plan de ingresos contempla, asimismo, que el impuesto a la comercialización del gas LPG genere 375 millones de lempiras en el presente período fiscal.
Se hace notar que para este período se prevé que la contribución de las transacciones financieras para la Tasa de Seguridad será de 3,285 millones; y la telefonía móvil tendrá un aporte de 50 millones.
La minería lo hará con 78 millones; las comidas rápidas añadirán un monto de 15 millones; y los casinos y el sector cooperativo tendrán una colaboración de 29 millones para el cuestionado Tasón.
Los conocedores de las finanzas insisten en que la estructura impositiva tiene que ser revisada en sintonía con los propósitos de la equidad tributaria para la reorientación justa y eficaz de los recursos.
