Esos personajes formarían parte de la trama que salió a la luz cuando fue detenida la fiscal Francia Medina, acusada de más de 40 delitos de lavado de activos, uso de información privilegiada, ocultación, destrucción de evidencias y falsificación de documentos.

A la imputada le han dictado auto de prisión preventiva y le han suspendido de su cargo en la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en San Pedro Sula, Cortés.

La semana anterior se presentaron los primeros reclamos de parte de afectados por la extracción de fondos que estaban bajo el resguardo de la institución rectora de la política cambiaria y monetaria.

Especialistas en derecho han exigido al Gobierno que sean devueltos esos recursos robados y que sean investigados todos los personajes que hayan tenido relación directa o colateral con este caso.

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El reclamo de los sectores mayoritarios de opinión pública está dirigido a que se realice una investigación a fondo en la estructura de los juzgados, en el Banco Central de Honduras y en el Ministerio Público.

Todas estas instituciones están en el centro de la tormenta y en el núcleo de este nuevo acto de corrupción que ha estallado justo cuando la institucionalidad del Ministerio Público está en entredicho por el nombramiento irregular del fiscal general y del adjunto.

La entidad encargada de la acción penal tiene muchos puntos flacos que debe mejorar: la mala planificación, la descoordinación y la ineficiencia de los procesos de investigación, es el principal punto anotado en demérito de las ejecutorias del Ministerio Público, lo mismo que la falta de rumbo y la ausencia de un plan de persecución del delito.

A todos estos señalamientos adversos se suman todas las omisiones, faltas de procedimiento o la pasividad con que ha actuado la institución en el esquema de la justicia hondureña, contaminada por la impunidad.

Los diversos segmentos de opinión pública, coinciden en que la Fiscalía necesita ser objeto de una transformación integral para devolverle la razón que le dio origen como es el ejercicio pleno y eficiente de la acción penal pública.

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