No deberían de quedar impunes las desleales actuaciones de ciertos abogados del Estado, los arreglos de profesionales del derecho privados ni las componendas en que han entrado algunos funcionarios del aparato jurídico para manipular las demandas contra el Estado. Debe haber un castigo para los culpables.

Las instituciones competentes están obligadas a desarrollar una investigación completa sobre los culpables de las continuas derrotas legales en perjuicio del país.

Al final, las condenas que son resueltas contra el Estado debilitan las finanzas públicas y le roban al pueblo los recursos que tienen que ir destinados a proyectos de desarrollo productivo o a programas de bienestar social, en lugar de ser desviados al cumplimiento de sentencias legales a favor de los reclamantes.

Castigo para culpables en Honduras

Frente a la avalancha de acciones condenatorias en perjuicio del Estado, en administraciones anteriores se habían anunciado acciones tendientes a identificar a los funcionarios y abogados culpables de semejantes golpes legales.

Sin embargo, jamás se hizo mérito de tales ni se dieron a conocer los resultados de las labores de adecentamiento dentro de las filas de “abogados traidores” o de personeros de la estructura estatal metidos en complicidad con los demandantes.

Por elemental justicia, de una vez por todas debería de ponerse fin a la mala fe, a la negligencia o a los sucios arreglos que han dado lugar a condenas en detrimento del Estado.

Los registros de la administración gubernamental que entró en funciones el 27 de enero, revelan que el Estado carga con acciones legales que representan el pago de unos 3,000 millones de lempiras.

Los casos más escandalosos corresponden a cinco municipalidades que, en su conjunto, suman un poco más de mil millones de lempiras, en lo que se considera una acción deliberada que pone “bajo ataque” las finanzas públicas.

Los reclamos contra el Estado son el resultado de la dejadez o indolencia de los funcionarios en distintos rangos de la administración pública que, por ignorancia o empujados por una intención preconcebida, han dejado abiertas las puertas para la interposición de demandas que casi siempre son falladas a favor de los supuestos agraviados.

A los representantes legales del Estado también se les culpa de entrar en complicidad con los reclamantes y de prestarse a un doble juego al cometer inconsistencias en la sustentación de los expedientes de defensa de los intereses de la sociedad hondureña.

Las conspiraciones de este tipo no deberían de tener cabida nunca más, ya que se trata de la violación a los intereses del Estado y del debilitamiento de la capacidad del país para responder a las necesidades de los sectores excluidos.

De ahí que es un imperativo que sean cortadas de raíz las redes que han convertido en un festín las demandas contra el Estado. El castigo para los responsables debe caer con todo su peso, porque es un acto de justicia.

OTRAS NOTICIAS: Editorial HRN: Combate a la criminalidad y activismo político