El Ministerio Público informó en las últimas horas que a Christian Joseph Amador Portillo, acusado del asesinato de William David Rivera Suazo y José Daniel Alcerro Barralaga, se le dictó sobreseimiento provisional.
El caso de los jóvenes se remonta al 1 de noviembre de 2024, luego de que en esa fecha fueran encontrados sin vida dentro de un vehículo en la carretera CA-5, en la salida al norte de la capital de Honduras.
Nuevo giro: Suspenden temporalmente proceso de Christian Amador Portillo
El juez competente resolvió dictar sobreseimiento provisional a favor de Amador Portillo, uno de los supuestos implicados en los asesinatos.
Por lo anterior, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentó un recurso de apelación debido al desacuerdo con la medida impuesta por el juez.
Es importante resaltar que las autoridades vinculan a este misma causa a René Eduardo Padilla Mena, quien actualmente se encuentra privado de la libertad por el crimen de ambos jóvenes.
La acción penal contra Christian Joseph y René Eduardo Padilla Mena la Sección de Instrucción de la FEDCV, junto a agentes de delitos contra la vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tras constatar la supuesta implicación de ambos.
Precisamente, las autoridades comprobaron que las víctimas estuvieron en una vivienda allanada en diciembre de 2024 ubicada en la residencial Centroamérica, en la capital, con el propósito de vender 10 dispositivos celulares de alta gama.
Sin embargo, estos les habrían quitado la vida a los jóvenes y, posteriormente, dejaron los cadáveres en el interior del carro de una de las víctimas en el kilómetro 10 de la carretera CA-5.
Los sospechosos señalados por las autoridades son Amador Portillo y Padilla Mena, pero el caso todavía sigue en investigación para identificar a otros presuntos implicados.
¿Qué es sobreseimiento provisional?
Un sobreseimiento provisional es la decisión de un juez para suspender temporalmente el juicio al considerar que no hay suficientes pruebas que indiquen la culpabilidad del acusado, pero sí una sospecha.
Es así que la persona sale en libertad, pero, en los siguientes cinco años, la Fiscalía o parte acusadora puede investigar y encontrar más pruebas para retomar el juicio.
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