Más de 200,000 empleados públicos están teóricamente en riesgo de ser despedidos y de quedar en el aire con la llegada de un nuevo partido político al poder.
Una de las principales presiones de las finanzas es justamente el peso ejercido por la masa salarial que anualmente requiere de una cifra entre 80,000 y 90,000 millones de lempiras para su mantenimiento.
La principal propuesta del nuevo Gobierno es el cierre, la reestructuración y la fusión de las dependencias estatales, una iniciativa que también ha sido parte de los compromisos asumidos en otros períodos políticos pero que nunca llegaron a consumarse.
La explicación es simple: El aparato gubernamental ha sido un nido donde han mermado los clientes políticos; es decir, aquéllos que se involucran en actividades proselitistas para conseguir una "chamba".
Pero la crisis financiera de Honduras no tiene precedentes, lo que obliga a la administración entrante a reformular el Presupuesto y reducir el gasto corriente, una de cuyas principales fuentes de drenaje es el pago de sueldos y salarios a los empleados.
Los expertos de que se ha hecho rodear la presidente electa, Xiomara Castro, han esbozado un plan tendiente a desaparición de algunas instituciones que ejecutan funciones duplicadas, así como la unión de unas tres decenas de dependencias estatales.
El aparato burocrático ha crecido progresivamente en cada período gubernamental, en tal medida que las oficinas que hace algunas décadas funcionaban con 100 empleados, ahora están cargadas con 800 trabajadores, la mayoría sin tareas asignadas, lo que les convierte en "paracaidistas".
Ha sido una costumbre la formulación de planillas fantasmas, el empleo de activistas que solamente llegan a marcar la entrada y la salida o, peor aún, sus sueldos y salarios son acreditadas a sus cuentas de ahorro.
Se sabe que, en los últimos diez años, han sido creadas unas treinta dependencias que ha desembocado en el aumento de gastos por cien millones de lempiras.
Una vez más, y con motivo de la asunción de nuevas autoridades del país, se ha trazado una reingeniería del aparato gubernamental con miras a adelgazar la burocracia y volver más eficiente al Gobierno que ha crecido de manera inmoderada sin resultados y con más perjuicios para las finanzas del país y para las demandas sociales.
