Los corruptos se han repartido cantidades exageradas de dinero y han dejado al país sin recursos para los renglones sustanciales de la educación, la salud y la seguridad. Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) enfatiza que desde 2014 ha sido identificada una cantidad superior a los 9,000 millones de lempiras en perjuicios desprendidos de acciones ilegales e ilegítimas.
En ese tiempo, el mencionado organismo ha presentado 134 casos, de los cuales 22 están judicializados y 112 permanecen en la impunidad.
Directivos del organismo de sociedad civil han reprochado que "en Honduras los operadores de justicia se amparan en los brazos de la impunidad".
Una de las más recientes investigaciones realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción tiene que ver con las irregularidades cometidas por las autoridades de la Secretaría de Salud.
Tal y como se ha revelado, la ex ministra Alba Consuelo Flores se dedicó a firmar más de siete mil acuerdos en el último día de su gestión, con un perjuicio de más de 2,500 millones. Ya está anunciada una segunda auditoría forense especializada en este caso.
Hasta 2021 los daños causados por los deshonestos se calcularon en 7,500. Ese año se rindió un informe sobre la red hospitalaria que nunca funcionó durante la pandemia de covid-19.
En 2020, el Consejo Nacional Anticorrupción hizo públicos los casos de los hospitales móviles, comprados por una suma de 1,200 millones de lempiras, la adquisición amañada de insumos de bioseguridad, así como de equipo médico-hospitalario.
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También salieron a la luz los escándalos de contratos de concesión como los adjudicados para el aeropuerto de Palmerola, el desvío de fondos de las aportaciones de seguridad social por parte de una red de alcaldías.
Un año antes, en 2019, fueron documentadas las denuncias con indicios penales respecto a la sobrevaloración de medicamentos y material médico-quirúrgico, mal uso de fondos por parte de autoridades de hospitales regionales y acusaciones contra gobiernos locales en diversa zonas del país.
Decisiones ilegales tomadas en el Hospital Escuela, acciones punitivas cometidas en la Secretaría de Salud, las deficiencias administrativas en BANADESA y los actos irregulares detectados en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), en el INFOP, en el Consejo Nacional contra el Narcotráfico, INJUPEMP y en la Empresa Nacional Portuaria.
En el período entre 2014 y 2017 se conocieron informes reveladores alrededor de malversación por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, sobrevaloración de contratos para el manejo de los temas de mujeres, niños y familia, suministro de equipos para fines electorales, compras para el Seguro Social, proyectos de energía y malversación de fondos en varias municipalidades.
Altos funcionarios de la administración de Estados Unidos y organismos locales que se ocupan del tema del combate a la corrupción calculan que el costo de la corrupción en Honduras es de no menos de 3,000 millones de dólares al año, equivalente a 75,000 millones de lempiras.
Los sectores que tienen mayor influencia en la opinión pública están a la espera que el Gobierno cumpla con la promesa de facilitar la llegada y la instalación de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción en Honduras (CICIH), provista de las herramientas necesarias para acompañar la persecución y enjuiciamiento de aquéllos personajes culpables del latrocinio de los recursos públicos.
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