El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este martes a dos jueces por favorecer con la amnistía política a exfuncionarios de la administración pública durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009).
"Hoy presentamos ante el Ministerio Público una denuncia contra un juez de ejecución y un juez de letras de lo penal, quienes aplicaron la justicia de manera selectiva", afirmó Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA.
Castellanos detalló que los jueces enfrentan acusaciones por prevaricato judicial al favorecer a exfuncionarios mediante la aplicación de la amnistía política.
"Para algunos jueces, pesó más el nombre del acusado que la gravedad del expediente. El decreto 04-2022 se ha convertido en una puerta abierta para que funcionarios y empleados públicos evadan la justicia", añadió.
Entre los casos que quedaron impunes, Castellanos mencionó al exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri.
"Los jueces aplicaron la amnistía para beneficiar a Marcelo Chimirri y Enrique Flores Lanza, ambos acusados de delitos contra la administración pública", subrayó.
El 14 de febrero de 2022, Chimirri, condenado en 2017 por enriquecimiento ilícito, consiguió que se extinguiera su responsabilidad penal alegando motivaciones políticas por su cercanía con el expresidente Zelaya, según el informe del CNA.
Días después, el 22 de febrero de 2022, Flores Lanza, condenado por abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, también recibió amnistía, lo que resultó en un sobreseimiento definitivo y la cancelación de órdenes de captura en su contra.
Castellanos enfatizó que el decreto era para beneficiar a exfuncionarios por delitos políticos, no por delitos contra la administración pública, y señaló al Congreso Nacional por aprobar lo que denominó un "Pacto de Impunidad" bajo el pretexto de "persecución política".
Último caso de corrupción denunciado por CNA
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un caso de corrupción el pasado 11 de septiembre, por irregularidades en la contratación de proyectos en las municipalidades de Atlántida, Comayagua y Lempira.
Al parecer más de 43 millones de lempiras fueron invertidos en obras mal ejecutadas, beneficiando a pocas personas en perjuicio de los recursos públicos.
