El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este miércoles presuntas irregularidades en la transferencia de 33 bienes incautados que administraba la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

La investigación señala operaciones sin autorización, ausencia de comprobantes de pago y posibles falsificaciones documentales.

Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, advirtió que los hallazgos van más allá de errores administrativos.

Según explicó, algunas propiedades habrían pasado a personas con posibles vínculos con estructuras criminales, pese a que debían permanecer bajo administración estatal.

CNA señala ventas sin respaldo y registros contradictorios

Castellanos detalló que ninguna de las propiedades tenía autorización de venta. Además, los supuestos compradores no figuraban como participantes en las subastas ni presentaron ofertas, mientras que los investigadores tampoco encontraron evidencia de pagos.

“Los inmuebles cambiaron de titular, pero los fondos que debía percibir la institución simplemente no aparecen”, afirmó.

El informe también identificó contradicciones entre los registros del Instituto de la Propiedad y los de la OABI. Algunas propiedades figuran a nombre de particulares en el primero, aunque la institución administradora todavía las mantiene bajo su custodia.

Asimismo, el CNA encontró inconsistencias en escrituras y documentos de inscripción, junto con indicios de posible uso irregular de nombres y datos profesionales de dos notarios.

Ante estos hallazgos, la organización presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Francisco René Flores, exdirector de la OABI, y los supuestos compradores por presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos públicos, malversación por apropiación y usurpación de la personalidad de otros.

Gabriela Castellanos cuestiona política anticorrupción

Durante sus declaraciones, Castellanos también criticó la política pública anticorrupción aprobada en Consejo de Ministros, después de siete meses de trabajo conjunto con distintas instituciones.

La directora expresó inconformidad con la creación de una figura de comisionado presidencial y cuestionó la voluntad gubernamental para impulsar medidas efectivas de transparencia y rendición de cuentas.

“La voluntad no la vemos por ningún lado”, sostuvo al referirse a noviembre de 2026.

Castellanos insistió en que el país necesita una estrategia institucional sostenida, con resultados verificables y acciones que fortalezcan la justicia hondureña.

Finalmente, alertó sobre la continuidad de contrataciones directas y declaraciones de emergencia que, a su juicio, podrían evitarse mediante una planificación y ejecución adecuadas.

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