Lo anterior nace de las declaraciones de Ochoa, en las que dijo públicamente que 10 familias de poder económico en Honduras se han enriquecido a costa del empobrecimiento de la mayoría del pueblo, al supuestamente evadir impuestos.
El director del Cohep, Armando Urtecho, dijo que la empresa privada no le preguntó si tenía evidencias o no, sino que lo que se le preguntó era que si tenía sustento de que eran una organización "mafiosa y narcotraficante".
"Nosotros lo que haremos es levantar un acta notarial de lo que Ochoa diga en el MP, para que se le pregunte si responde o no. Sus acusaciones son serias porque afectan nuestra reputación y tiene que demostrar que sean ciertas, de lo contrario sería una difamación y eso es un delito", manifestó Urtecho.
Otros empresarios dijeron que estas acciones de los funcionarios públicos pasarán la factura al pueblo hondureño, ya que mencionaron que el gobierno debería de ponerse a trabajar debido que las cifras en la economía del país son alarmantes, puesto que, aseveran que más de 30,000 hondureños han perdido su empleo.
Por su parte, Ochoa realizó una entrada poco convencional, en un camión color blanco en que el movilizaba las cajas con las evidencias. Se aprestó a dar un discurso, en compañía de otros funcionarios públicos. Según él para dar a conocer a los hondureños la realidad detrás del empresa privada.
Las denuncias de Ochoa
"Reitero mi denuncia. Quienes ostentan el poder político y económico son mafias de 10 familias que se han enriquecido a costa del empobrecimiento de la mayoría de los hondureños", dijo el director del SAR al inicio de su discurso.
Para Ochoa, el Cohep representa los intereses de 300,000 empresarios, en las cajas que presentó informó que llevaba evidencias que incluyen supuestas declaraciones de impuestos, expedientes de exoneraciones, actas de exenciones legislativas, entre otros documentos.
El funcionario enumeró las denuncias que presentará ante el Ministerio Público: tráfico de influencias, fraudes y delitos fiscales que rondan 1,500 millones de lempiras en perjuicio del país.
La compra de un helicóptero exonerado de impuestos; la resolución de trasladar empresas a otros regímenes para evadir impuestos; la aprobación de decretos para satisfacer intereses de empresarios.
También entre sus denuncias mencionó el caso de un consorcio que movió influencias para ser beneficiado con 750 millones, sin dar más detalles de este caso.
Al funcionario se le preguntó cuales eran las 10 familias a las que acusó, pero este no dio la respuesta concreta, no obstante, indicó que será con las autoridades del MP que dirá los nombres de los presuntos involucrados en corrupción.
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