Hay un consenso en cuanto a que las comisiones interventoras han sido una carga y sus resultados inexistentes.
Los analistas consultados por HRN son de la opinión que esas delegaciones nutridas de burócratas de alto rango y con misiones expresas del mandatario han sido un mal de la gestión pública.
Según los entendidos en dar lectura a la realidad del país, los comisionados que han asumido el control de las dependencias evaluadas han llegado a beneficiarse de voluminosos honorarios o sueldos, y a encubrir los actos de corrupción.
Se sabe que durante los ocho años que ha permanecido al frente de la administración del Estado el mandatario Juan Orlando Hernández, fueron creadas alrededor de una veintena de comisiones interventoras.
Ninguna de tales misiones ha alcanzado las metas para las cuales fueron integradas, pero las erogaciones para mantenerlas incrustadas han sido grandes.
Contados entre funcionarios, miembros de la sociedad civil y hasta líderes religiosos, son unos 30 ó 40 interventores los que han sido juramentados para las misiones especiales de investigación, contraloría y depuración.
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Durante los dos períodos gubernamentales, las dependencias que han sido intervenidas son el Seguro Social, la Unidad de Registro de Asociaciones Civiles, el Instituto de la Propiedad, la Dirección General de Transporte, el Instituto de la Niñez y la Familia, Servicio de Sanidad Agropecuaria y la Policía Nacional.
También figuran el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), la Universidad Nacional de Agricultura, Transformación de la Salud y de la Educación, los hospitales Escuela y Mario Catarino Rivas y el INPREMA.
En la lista de esas instancias nombradas para funciones específicas, quizás las que han tenido los mayores fracasos son las de la ENEE y de Inversiones Estratégicas (INVEST).
Y en los períodos de los ex presidentes Manuel Zelaya y Porfirio Lobo Sosa, se había dado vida a una docena de comisiones interventoras, catalogadas por los entendidos como un despilfarro de recursos sin ningún fruto.
Organismos de economía y de finanzas calculan que el funcionamiento de tales instancias se ha reflejado en mayor burocracia y excesivas erogaciones.
El nuevo Gobierno ha anunciado una revisión minuciosa de las comisiones interventoras, de la masa burocrática y del tamaño de la Administración Pública.
