El concurso para el otorgamiento de plazas docentes debe ser demorado, en aras de construir un proceso transparente y confiable que derive en una elevación de la calidad educativa.
Tal es la principal recomendación plasmada en un documento elaborado conjuntamente por organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada, respecto a la contratación de profesores para el sistema de enseñanza público.
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En el mencionado informe, se advierte que no existen las condiciones mínimas que aseguren un proceso de estándares altos, de manera que los profesores participantes sean evaluados conforme los criterios más rigurosos, en igualdad de condiciones y sin injerencias políticas.
La participación de los maestros de enseñanza media representa un retroceso, en cuanto a las exigencias internacionales de una formación en el nivel de licenciatura, han expuesto los sectores que están en desacuerdo con la competencia por una plaza docente en fecha inmediata.
Otro de los cuestionamientos hechos por organismos no gubernamentales es que el concurso para el nombramiento de profesores debe contemplar los tiempos para cada una de las etapas e incluir la depuración de las plazas.
Además, los educadores que obtengan las calificaciones más altas tienen que ser asignados de acuerdo con las zonas geográficas, población estudiantil y número de centros de enseñanza.
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Los sectores que observan externamente el llamado para la selección de 14,000 puestos para educadores, se han pronunciado a favor de la contratación de un ente externo con capacidad y competencia para la elaboración de pruebas objetivas, confiables y compatibles con instrumentos de medición válidos.
En 2017 unos 16,000 fueron inscritos para participar en el concurso convocado por el Gobierno Central para el otorgamiento de más de siete mil plazas.
El proceso de entonces fue objetado por los dirigentes magisteriales, porque dijeron desconocer la metodología aplicada, mientras la Comisión Nacional Anticorrupción solicitó la revisión de las condiciones del concurso por considerar que estaba plagado de vicios.
En 2018, las autoridades de la Secretaría de Educación declararon nulo el proceso y determinaron llevar a efecto uno nuevo, después de realizar una prolongada revisión del concurso para la selección de docentes.
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Los exámenes aplicados no fueron validados y su contenido fue calificado como inapropiado para el perfil de los aspirantes, lo que explicaba la alta tasa de reprobación del 94 por ciento obtenida por los profesores que aplicaron para una plaza hace cuatro o cinco años.
Las actuales autoridades del sector Educación han enfatizado que ninguna plaza será otorgada si no es a través de un proceso de concurso apegado a los lineamientos del Estatuto del Docente.
Se estima que alrededor de 55,000 niños y adolescentes están fuera del sistema en 2022. El año pasado, el 40 por ciento de la población hondureña en edad escolar fue excluida de los niveles prebásica, básica y media, apuntan los mismos datos de organismos especializados.
A nivel Latinoamericano, los estudiantes hondureños muestran tres años de rezago en las materias de español, matemáticas y ciencias, una calificación que se ha degradado como resultado del cierre de las escuelas por la pandemia. Todas estas desventajas están relacionadas con las competencias de los docentes en las aulas.
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