El Congreso Nacional de Honduras sesionará el miércoles 11 de noviembre para discutir seis leyes que se esperan puedan ser aprobadas por el Ejecutivo, entre las que se encuentran los contratos de préstamos que Honduras podría adquirir por un monto de 250 millones de dólares (aproximadamente 6,142 millones de lempiras) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BICE).
Los fondos de los prestamos estarían destinados para el "Programa de Apoyo a la Implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE)" en Honduras. El plazo del préstamo sería hasta de 20, incluyendo hasta cinco años de período de gracia de amortización.
Entre otras leyes están:
- Ley para reformar los artículos 4, 8 y 10 del Decreto Legislativo No. 107-2010, contentivo de la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales, con el fin de atender aquellas zonas más empobrecidas del país, con poblaciones históricamente excluidas, mediante la ejecución de proyectos de desarrollo social.
- Ley para modificación presupuestaria interna para el año 2020 al presupuesto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), para la aprobación de una modificación presupuestaria para cubrir el déficit de planillas para el año 2021.
- Ley para suspender por un máximo de dos años las reglas plurianuales de desempeño fiscal para el Sector Público No Financiero (SPNF), debido a la pandemia del coronavirus que ha venido a afectar de manera significativa la economía nacional, por lo que es necesario emitir medidas extraordinarias en materia presupuestaria a efecto de disminuir el impacto ocasionado por la pandemia.
- Ley para suspender, para el año 2020, la realización de los cinco cabildos abiertos a los que están obligadas las corporaciones municipales de todo el país, en virtud de la vigencia de las medidas para evitar la propagación de la pandemia del covid-19 y otras medidas relacionadas a suspensión de disposiciones contenidas en la Ley de municipalidades para evitar los contagios.
- Ley para la facilitación de asistencia humanitaria internacional en caso de desastre y recuperación inicial, orientado a facilitar y agilizar los trámites administrativos para la exoneración y dispensa, así como aduaneros para la importación y posterior ingreso al país de las donaciones en concepto de asistencia humanitaria, necesarios para atender la emergencia provocada por la tormenta tropical Eta.
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