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Las negociaciones turbias, los cálculos, el oportunismo y las maniobras de politiquería, han sido los elementos distintivos de la labor legislativa en nuestro país.



Son prácticas de las que han echado mano nuestros políticos en el reciente pasado, pero que no han sido erradicadas del todo, lo que mantiene en predicado, en mayor o menor grado, la gestión legislativa en el presente período.



Una de esas “costumbres desviadas”, y de cuya crítica no podemos sustraernos, es la utilización del voto de los diputados suplentes para incidir en ciertos temas.



Fue con el voto de los diputados suplentes que la Junta Directiva del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo, llevó a cabo la juramentación e instalación de sus miembros, con lo cual se consumaron los acuerdos de la alianza política, por encima de la legitimidad que también reclamaba el grupo paralelo liderado por el legislador Jorge Cálix.



También fue a través de la integración de diputados sustitutos que el Congreso Nacional, encabezado por Redondo, aprobó la Ley de la Amnistía Política, un decreto al que se le ha tomado como referencia de un pacto de impunidad bajo el cual se cobijaron personajes acusados por delitos penales, pero que se declararon perseguidos por razones ideológicas.



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La iniciativa para resarcir los daños a las autodenominadas “víctimas del Golpe de Estado”, fue aceptada y convertida en ley, en medio de la crisis que amenazó la institucionalidad del Congreso Nacional y el equilibrio de fuerzas dentro de ese Poder del Estado.



A los legisladores elegidos como segundos de la fórmula partidaria, también se les utilizó en el debate y aprobación del decreto que eliminó las Zedes, de las propuestas de reforma en materia energética y de la iniciativa que dio vía para que el Estado de Honduras solicitara a la ONU la instalación de la CICIH.



Nos inquieta que el procedimiento invasivo de agregar votos suplentes siga en auge para rematar los arreglos entre políticos y politiqueros en asuntos que son de importancia para el país.



La integración, con voz y voto, de los diputados suplentes para inclinar una decisión o ejercer presión sobre las fuerzas políticas dentro de la Cámara Legislativa, no es lo más conveniente para nuestra democracia.



La alternancia manipulada entre los legisladores propietarios y sus auxiliares tampoco es el camino para los fines de una depuración de la clase política representada en el Poder Legislativo.



¿No es cierto el riesgo que corremos de que este juego de mover como piezas de ajedrez a los diputados suplentes pueda ser utilizado para debatir y darle viento a propuestas trasnochadas que no nos conducirían a nada como sería el caso de la implantación de una Constituyente por puro capricho ideológico?



Nos toca mantenernos a la expectativa de que los 128 diputados propietarios y sus respectivos suplentes, a quienes los hondureños elegimos en las urnas en noviembre de 2021, cumplan rigurosamente con legislar con honradez, compromiso y decencia por el bien de este país.

Editorial HRN: La función legislativa y prácticas contaminadas