La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) emitió un comunicado crítico en reacción a las recientes elecciones de segundo grado llevadas a cabo por el Congreso Nacional de Honduras, calificándolas de carentes de transparencia y legalidad.

En una sesión del Congreso Nacional, realizadas el miércoles 28 de febrero, los diputados eligieron a nuevas autoridades para varias instituciones clave del país, incluyendo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la Unidad de Política Limpia (UPL), y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), además de elegir en propiedad al fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP).

La RDD argumentó que estas elecciones, se llevaron a cabo sin los debidos procesos establecidos, evidenciando un desprecio por la Constitución y las leyes del país.

En ese sentido, la organización condenó la práctica de asignar posiciones institucionales basadas en la conveniencia política, lo que, según ellos, perpetúa la corrupción, el narcotráfico, y la impunidad dentro de la estructura estatal.

"Si bien, reconocemos que los acuerdos políticos son herramientas para alcanzar consensos, es imperativo que estos se realicen con transparencia y publicidad. Deben evitarse la inclusión de intereses privados que busquen perpetuar la corrupción, el
narcotráfico, el crimen organizado y la impunidad dentro de la estructura estatal", lamentó RDD.

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Además, condenó que no se haya tenido participación ciudadana en el nombramiento de estos liderazgos institucionales y, además, hizo el llamado a que estos deben ser hechos con base en la meritocracia y las capacidades de las personas.

"Esta práctica, que en el pasado no ha demostrado resultados positivos para la ciudadanía, es preocupante. Instamos a la clase política a fomentar nuevos liderazgos, ofreciendo oportunidades genuinas para el relevo generacional", reza el escrito de RDD.

Y continuó: "La opacidad y arbitrariedad del Congreso Nacional no pueden ser pasadas por alto por los distintos sectores de la sociedad hondureña".

Finalmente, la RDD expresó que como sociedad civil seguirán vigilantes de las accione de la clase política y reiteró el llamado para que se respeten las leyes y la Constitución de la República.

La elección

Los nombramientos resultantes de esta elección, que se celebró el 28 de febrero en el Congreso Nacional son los siguientes:

Para el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los cargos de magistrados fueron asignados a Itzel Anahí Palacios Siwady, Jorge Gustavo Medina, y Ricardo Alfredo Montes Nájera.

Entretanto, en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Lucy Obdiba Hernández y Miguel Berrios tomarán las riendas, mientras que la Unidad de Política Limpia será liderada por Emilio Hernández Hércules, Julio Vladimir Mendoza Vargas, e Ivonne Lizethe Ardón Andino.

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Además, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) estará compuesto por Mario Alexis Morazán Aguilera y Mario Flores Urrutia. Finalmente, el Ministerio Público contará con Johel Antonio Zelaya y Mario Cabañas Cadillo en propiedad de los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente.

Para el caso del Ministerio Público, este había estado funcionando con fiscales interinos (Johel Zelaya y Mario Morazán) desde noviembre de 2023, nombrados por la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Johel Zelaya fue ratificado en el cargo de fiscal general, mientras que Mario Morazán fue sustituido por Marcio Cabañas Cadillo como fiscal adjunto.

Por su parte, la terna del TSC había estado incompleto desde febrero del mismo año tras la salida de Roy Pineda Castro, quien partió para convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La votación para estas asignaciones se llevó a cabo con 110 votos a favor, ocho en contra, siete abstenciones, y un diputado que no votó, de un total de 126 congresistas presentes en el hemiciclo legislativo.

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