El Consejo Nacional Anticorrupción presentó el lunes (28.06.2021) el informe “Los pecados capitales de la Zedes” tras que la Corte Suprema de Justicia aprobara la “jurisdicción especial” de las Zonas de Empleo y Desarrollo en Honduras.
En conferencia de prensa, la titular del CNA, Gabriela Castellanos, expuso detenidamente lo que implica la implementación de las ZEDE, que, a su criterio, significa zonas geográficas sometidas a regímenes especiales, que tienen personalidad jurídica y están autorizadas a establecer sus propias políticas y normativas.
Además, poseen autonomía funcional y administrativa, suplantando con esto las funciones indelegables de los poderes del Estado de Honduras.
Enfáticamente, Castellanos aseveró que "las ZEDE son un 'plan maligno' que ha sido promovido como una salida al subdesarrollo".
En el informe se explica que las ZEDE constituyen una violación a la soberanía nacional, permitiendo el control de territorios nacionales bajo la figura de un régimen especial que abre alta posibilidad al dominio extranjero.
Asimismo, condiciona la forma de gobierno, misma que se basa en el equilibrio de tres poderes que constitucionalmente ostentan facultades indelegables, igualmente, se limita de forma explícita la aplicación de la Constitución y las leyes.
La normativa de las ZEDE contempla aspectos lesivos como:
▪ Establecer su propia normativa y política interna, gozando de autonomía funcional y administrativa.
▪ Podrán establecer tribunales autónomos e independientes capaces de adoptar sistemas jurídicos de cualquier parte del mundo y establecer su propio presupuesto, así como recaudar y administrar sus tributos.
▪ Admite un modelo de expropiación que prioriza los intereses de quienes inviertan en estas zonas, por sobre los hondureños que habitan y poseen los territorios, con tal de lograr la expansión indeterminada de dicho proyecto.
▪ Reconocer parcialmente la Constitución de la República y Tratados Internacionales suscritos por Honduras, ya que forman parte de su jerarquía normativa, únicamente “en lo que sea aplicable”, sin definir específicamente a que se hace alusión, por lo que queda al arbitrio de cada ZEDE, reconocer o no, lo que mejor le parezca.
▪ Establecer su propia policía, órganos de investigación, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario.
▪ Capacidad de expropiación de tierras indemnizando a los afectados, pagando un “valor de mercado” por las propiedades para expandir las ZEDE con bajo nivel poblacional (el valor podría ser calculado con base en lo que establezcan las normas o políticas de estas zonas especiales).
▪ Se abre la posibilidad de utilización de estas zonas geográficas por parte de los corruptos, para refugiarse y evitar que justicia nacional o extranjera proceda en contra de ellos.
▪ La Ley no contempla disposiciones encaminadas a determinar métodos, mecanismos o regulaciones con enfoque para generar verdadero desarrollo económico en Honduras.
▪ Las ZEDE pueden explotar sin control los recursos naturales inalienables propiedad del Estado de Honduras.
▪ Están autorizadas a crear sus propios presupuestos y tienen el derecho a recaudar y administrar sus propios tributos y a determinar las diferentes tasas que cobran por los servicios que prestan.
