Son varias las líneas de investigación que están abiertas por el Ministerio Público sobre indicios de corrupción en el manejo de la emergencia provocada por el covid.
La Fiscalía ha informado que son al menos 11 casos a los que se les sigue la pista y más de una docena de funcionarios a quienes se ha llamado a prestar declaración.
Pero en ninguna de tales acciones de intervención hay resultados concretos dirigidos a la deducción de responsabilidades penales; al menos, todavía no se conocen de manera precisa.
Tres expedientes están enfocados en el escándalo de los siete hospitales móviles que fueron contratados en Turquía con la mediación de la empresa Elmed Medical Systems, representada por el cuestionado individuo Axel López.
Estas unidades fueron adquiridas por la suma de 48 millones de dólares pagados por adelantado, en una operación tomada sin la autorización del Directorio de Invest-H y sin compromisos sustentados con documentos por parte del proveedor.
Por este vergonzoso caso la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción han realizado intervenciones en la sede de Invest-H, Agencia Reguladora Sanitaria (ARSA), y la Secretaría de Salud.
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También se ha requerido la declaración del mismo ex director de Inversiones Estratégicas, Marco Bográn; la coordinadora de Gobierno, Martha Doblado; la renunciante titular de Invest-H; Evelyn Bautista; y la misma secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores.
Bográn carga, asimismo, con las irregulares compras de ventiladores para pacientes graves afectados por covid y de 800 mil mascarillas que resultaron sobrevaloradas, defectuosas y no aptas para su uso por el personal de salud.
El Ministerio Público tiene activas, igualmente, distintas prácticas indagatorias en relación con la compra de ventiladores mecánicos y la contratación de consultorías, siempre en Inversiones Estratégicas.
Otros enfoques de la Fiscalía están dirigidos a escudriñar en las denuncias sobre las compras realizadas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), durante la pandemia.
Como se recuerda el entonces comisionado, Gabriel Rubí, anunció en marzo la contratación de un hospital móvil, más de cien respiradores y dos centenares de termómetros láser que serían entregados a la red hospitalaria.
En la cartera ministerial de Salud es revisado todo un portafolio de irregularidades en la compra de material especial, insumos y equipo de bioseguridad.
Adicionalmente son valoradas las pruebas recopiladas en relación con la compra, instalación y abandono de un hospital móvil en Villanueva, Cortés.
Existen más líneas de investigación sobre corrupción anidada al calor de la emergencia. Una de ellas está inscrita en el manejo del programa Honduras Solidaria en El Progreso, Yoro.
Otra más conduce a las maniobras de los funcionarios de Invest, liderados por Bográn, para hacer negocio con la compra y distribución de pruebas rápidas de detección de covid en la zona norte.
En La Ceiba, Atlántida, la institución que ejerce la acción penal pública ha trazado una línea de acciones para deducir responsabilidades por el desvío de la donación de un lote de ventiladores procedentes de Corea del Sur y que fueron entregados al hospital departamental.
Se desconoce cuáles son los alcances de todas estas investigaciones, qué avances se han obtenido y si las mismas han dado lugar a implicaciones penales.
Las máximas autoridades del país han recalcado que son “malnacidos” todos aquellos personajes que se aprovechen de la urgencia sanitaria con derivaciones sociales y económicas. El balance no es contundente, porque –de momento- las advertencias de castigo para los corruptos en plena pandemia son verbales y no hechos reales.
