En la administración de la que es parte, lamentaba la alta funcionaria, la rendición de cuentas, no es, como debió ser, la regla, sino más bien la excepción.
Y es que, en efecto, en Honduras, desde su dimensión práctica, la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, sigue siendo hoy como antes, un ideal de transparencia, moralidad y democracia, abstracto.
La clase política, que no es otra que el mismo administrador público, no acabó de llegar, y menos traspasar, el umbral de la transparencia. Al servidor público le “hizo cayo” la voluntad y compromiso para rendir cuentas.
Consecuentemente, nunca en la gestión pública, se llegó a valorar las dimensiones del respeto, reconocimiento y legitimidad que como “premio” otorga la rendición de cuentas, en un ejercicio de virtuosismo y respeto del funcionario al que aquí, proselitista y populistamente, llaman “el soberano”.
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De ahí que en Honduras el fenómeno de la corrupción sea multicausal y de conexas consecuencias. Tan monumentales causas y efectos, como el tamaño de los niveles e indicadores del flagelo.
Tan gigantescos como los costos que la corrupción y la impunidad han infligido a los hondureños. Tan graves para haber llegado a minar nuestro crecimiento económico, desalentar la inversión nacional y extranjera, debilitar el estado de derecho, destruir la confianza pública y, lo peor, empobrecer más a la población hondureña.
Convenimos todos en que la corrupción e impunidad, así como la falta de transparencia y resistencia a rendir cuentas, nos han pasado una factura de costos demoledores y devastadores. Además de vulnerar los derechos humanos, de corroer las instituciones democráticas y agudizar la pobreza, minándole el bienestar a siete de cada diez ciudadanos.
La galopante corrupción pública ha encontrado caldo de cultivo en una impunidad rampante, arraigada a la vez por una estructura institucional y un marco legal débil, que les dio la espalda a los conceptos de transparencia, rendición de cuentas y probidad administrativa.
Nos quedamos a la cola, como en el Índice de Percepción de la Corrupción, en la edificación de los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
Erosionó el entramado social, debilitó la institucionalidad democrática, empeoró la ineficacia de las políticas públicas, provocó altísimos costos económicos, y prácticamente subyugó los retos y aspiraciones de una sociedad pudimos en su momento haber enarbolado para combatirla.
El monstruo de mil cabezas que ha puesto en predicado la legitimidad misma de la democracia inclusiva, la que se sustenta sobre la base del respeto al Estado de Derecho, la aplicación de la ley, la probidad administrativa y la rendición de cuentas.
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