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No deben cometerse más arbitrariedades en la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.



Éste ha sido el compromiso expresado por un sector de diputados del Congreso Nacional que han presentado una iniciativa que introduce cambios en la forma de seleccionar a los aspirantes a integrar el máximo tribunal de justicia del país.



A juicio de los legisladores de distinta divisa política y analistas políticos, el Poder Judicial ha sido integrado por profesionales del Derecho impuestos por intereses creados, sobre todo aquéllos de inspiración política. No han llegado los hombres o mujeres idóneos, ni los más honestos, ni los más dignos, ni los mejores en el conocimiento de la impartición de justicia.



Casi la totalidad de los críticos aseveran que &nbsp;la Corte Suprema de Justicia ha fracasado en la lucha contra los carteles de la corrupción y del crimen organizado.



Los magistrados del más alto tribunal del país deben ser probos, de reconocida capacidad y de honrosa carrera, además de estar comprometidos con mantener íntegra la independencia de los Poderes del Estado, han señalado dirigentes de la opinión pública del país.



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Una contundente declaración en esa dirección la ha ofrecido la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, al subrayar la necesidad de respetar la ley y la separación de los Poderes del Estado.



La impartición de la justicia no debe estar en manos de personajes que han llegado a esos cargos para torcer las leyes o para favorecer la corrupción y la criminalidad organizada, Éste es el criterio en el que han concentrado su atención los representantes de diferentes corrientes de pensamiento.



El nuevo procedimiento para la escogencia de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia se diferencia del vigente en que los miembros de la Junta de Selección estarán bajo la veeduría de la sociedad civil, tendrán la responsabilidad de mantener abiertas las audiencias de los postulados y deberán emitir un informe del porqué tales o cuales aspirantes no fueron considerados y consignar la calificación otorgada en cada caso.



El ministro de Transparencia Edmundo Orellana, ha detallado que una primera exigencia es que se cumplan los requisitos mínimos para los integrantes de la Junta Nominadora. Actualmente no existen, de modo que puede integrarla cualquier persona, incluso un miembro activo del crimen organizado o un corrupto ampliamente conocido”, explicó el ex fiscal.



Los conocedores de la asignatura aseguran que la manipulación que ha caracterizado la conformación de la Corte Suprema de Justicia no ha radicado en el nombramiento de los magistrados por sí mismo, sino en cómo se ha entrelazado la Junta Nominadora, cuyas potestades serían reducidas esta vez.



Dicha instancia la componen un representante del Poder Judicial, uno del Colegio de Abogados, un designado por el Comisionado de los Derechos Humanos, otro más del Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional, un representante de la sociedad civil y un delegado por las centrales obreras.



La Constitución de la República establece que los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben ser electos por dos terceras partes de los diputados de la Cámara Legislativa de una nómina propuesta por la Junta Nominadora.



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