Lo peor que puede pasar es que la integración de la Junta Nominadora de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia esté infiltrada por los "politiqueros".
Esta advertencia la han expresado observadores de lo que acontece en el país y profesionales del derecho, quienes han deplorado que desde ahora estén en agitación los acuerdos alrededor de quiénes deben ser nombrados en la Junta de Selección.
Los analistas han alertado en torno al riesgo de que el nombramiento de quienes tendrán la atribución de postular a los candidatos a magistrados, sean puestos a presión por parte de sectores que buscan penetrar las instituciones para contaminarlas.
No son pocos, son varios, los referentes de opinión pública que han demandado que la conformación de la Junta Nominadora sea vigilada de cerca y que se reduzca la injerencia de los políticos en el proceso que culminará con la elección de los magistrados.
Una de las propuestas para asegurar que el proceso sea transparente está orientada a que, los integrantes de la Junta Nominadora respondan a una serie de requisitos muy rigurosos y que los candidatos a ser magistrados también sean escogidos conforme a principios estrictos de idoneidad, probidad y competencias.
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El grupo de seleccionadores está integrado por un representante del Poder Judicial, uno del Colegio de Abogados, un designado por el Comisionado de los Derechos Humanos, otro más del Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional, un delegado de la sociedad civil y uno por las centrales obreras.
Históricamente el nombramiento de tales comisionados ha generado controversias, puesto que cada grupo quiere "colocar sus piezas" y defender sus intereses de grupo o las conveniencias de sectores que persiguen otro tipo de propósitos que no siempre son legítimos.
No es desconocido, tampoco, que las componendas en los niveles políticos de la Cámara Legislativa son una constante en el proceso de conformación de la Corte Suprema de Justicia.
Con base en esas experiencias es que algunos miembros de organizaciones de la sociedad civil han acusado que la Corte Suprema de Justicia ha sido un "botín" repartido entre los políticos y, además, un nicho penetrado por círculos relacionados con la corrupción y hasta por redes del crimen.
Sectores nacionales y externos han urgido que se establezca una veeduría para que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia sea el resultado de un proceso limpio, incluyente, legal, despolitizado y legítimo.
