La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene que resolver la próxima semana el tema de la Ley de Amnistía Política para no continuar con la expectativa, declaró este domingo el magistrado Mario Díaz.
Durante su participación en el programa Diario Matutino de HRN, el magistrado de la Sala Penal aseguró que el tema de la amnistía "es prioritario para el pleno".
Señaló que existen dos posturas en torno al tema que será abordado el próximo martes: un voto mayoritario y un voto minoritario, los cuales ya son conocidos por los magistrados.
“Hay que discutir ambos proyectos y luego cada magistrado dará su voto a favor de uno u otro”, explicó.
El magistrado también enfatizó que “no se puede adelantar ningún criterio, sin embargo, se tiene que resolver para no continuar con la expectativa”. Además, aclaró que la petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no influye en la decisión de la CSJ.
Mora penal en Honduras
En relación con la mora penal, el magistrado detalló que alrededor de 2,600 expedientes que se encontraban en rezago judicial han comenzado a avanzar.
Señaló que algunos casos llevaban hasta tres años sin resolverse, pero se están tomando medidas para reducir este retraso.
Contexto de la Ley de Amnistía Política
La Ley de Amnistía Política, aprobada en febrero de 2022 tras la llegada de Xiomara Castro a la presidencia, permitió la liberación de exfuncionarios, activistas y ciudadanos encarcelados o procesados después del golpe de Estado de 2009, que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.
El gobierno de Castro defendió la amnistía como un paso hacia la reconciliación nacional, aunque la medida ha generado controversias entre sectores políticos y sociales.
Es conocida también como otro "pacto de impunidad" debido a que ha beneficiado a exfuncionarios del gobierno de Zelaya acusados de corrupción; entre ellos, Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia; el exalcalde sampedrano, Rodolfo Padillla Sunseri; y el exgerente de Hondudel, Marcelo Chimirri.
Significado
El concepto de amnistía política se refiere a la liberación de personas detenidas por participar en conflictos políticos o protestas, con el objetivo de mitigar tensiones relacionadas con crisis de gobernabilidad.
