Una de las debilidades que presenta la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es que en el Congreso Nacional no existen acuerdos políticos mínimos, ni reglas claras para culminar el proceso.
Así lo han expresado analistas y politólogos que interpretan que hay muchos riesgos en el camino hacia la conformación del Poder Judicial que debe cerrar en enero de 2023.
Organismos de la sociedad civil han cuestionado que la Junta Directiva del Congreso Nacional tiene una intervención que no es del todo “sana” en el trabajo de los encargados de evaluar y nominar a los aspirantes al máximo tribunal.
La pregunta que se formulan los críticos es directa: ¿Qué propósito persigue el Congreso Nacional al reclamar la atribución de acceder a los currículos y datos de aspirantes si la evaluación corresponde a la Junta Nominadora?
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Tal y como lo ha planteado el exfiscal y ministro de la Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, iba a ser imposible que el proceso de nominación no estuviera presionado por los políticos.
Es entendido que la elección de los magistrados es una atribución privativa del Congreso Nacional. La aspiración es que la Junta Nominadora realice una labor muy apegada a los principios de legitimidad y transparencia en la evaluación de los candidatos y la posterior elaboración de la lista que será remitida a las autoridades del Poder Legislativo en enero de 2023.
En el seno de fuerzas opositoras y de instituciones de veeduría social, se ha dado por sentado que el exmandatario, Manuel Zelaya Rosales, será el “gran negociador” y el encargado de establecer los “pactos” políticos para la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia.
La elección de los profesionales del Derecho que van a integrar el Poder Judicial para el próximo período de siete años, puede tornarse “muy politizada” y “contaminada”, pero también se presenta como una oportunidad para adecentar la impartición de la justicia y para restablecer la confianza de los hondureños en las instituciones.
Todo dependerá de que la Junta Nominadora lleve a efecto un proceso limpio, en la medida que las condiciones lo permitan, y que la auditoría social se mantenga firme.
Al término de esta semana cerca de medio centenar de abogados y notarios han presentado su postulación a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El plazo se vence el lunes entrante.
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