El Gobierno de Honduras ha ingresado en una confrontación peligrosa con Estados Unidos.
El lenguaje diplomático ha subido en su grado de hostilidad, en lo que se considera un capítulo que compromete la relación con nuestro principal socio, coloca en la cuerda floja la llegada de capital norteamericano y planta nuestro país como uno donde la inseguridad jurídica es la regla y no una primaria y obligatoria condición de respeto a la normativa y a una cualidad del Estado de Derecho.
La animosidad creada innecesariamente entre el Gobierno Central y la representación diplomática estadounidense toma el ropaje agresivo y de falsa defensa de la dignidad y de la soberanía nacional como sucede en otros países autodenominados "antimperialistas".
Este impasse de la política exterior se conjuga con una atmósfera de crispación interna que nos aproxima a una crisis institucional de consecuencias inconfesables.
Si no, hagamos un repaso de lo que ocurre: en la Cámara Legislativa se ha puesto en entredicho la legalidad y la legitimidad de sus autoridades, cuya elección estuvo -en efecto- enfangada por negociaciones grises.
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Los recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia contra la integración de la Junta Directiva del Congreso Nacional, han profundizado el caos entre las fuerzas políticas internas y vuelto precarias la independencia y las relaciones complementarias de los Poderes del Estado.
Y en el Ejecutivo hay una especie de apropiación o desplazamiento en el ejercicio del poder, desde donde se impulsan iniciativas gastadas y confusas como la consulta popular para refundar Honduras.
Bien podemos interpretar que la conflictividad en la que nos tienen imbuidos los políticos es causada con premeditación para ocultar la incapacidad de nuestros líderes frente al desafío de solucionar las dificultades estructurales y de coyuntura que hasta ahora fueron abordados con tremenda improvisación.
Válido es también que analicemos si el giro errático en el ejercicio del poder es un plan que ya está concebido para dejar en el limbo la legitimidad del Congreso Nacional, intervenir la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, como desenlace, desarticular todo nuestro orden institucional.
Las condiciones están dadas para que la anarquía se extienda y se profundice con repercusiones similares o más graves que las que trajo consigo el golpe de 2009.
¿Es extremo afirmar que estamos al filo de una ruptura de la armonía entre los elementos del poder, el Estado, la población, el territorio y la democracia?
¿Qué propósitos persiguen nuestros gobernantes? ¿Nos llevan hacia el desmontaje de la institucionalidad para meternos forzadamente en la corriente del régimen socialista, o es un falso acomodamiento al discurso y a la línea de izquierda, con el solo fin de debilitar más el Estado de Derecho de Honduras?
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