El desordenado crecimiento de la masa salarial y la disminución en los ingresos tributarios tienen amarradas las finanzas públicas de Honduras.
Sin embargo, en lugar de adoptar medidas de ahorro y de empequeñecer el tamaño del gobierno, cada año son integrados más empleados y servidores públicos, en tanto que el pago de obligaciones tributarias ha sufrido un descenso a resultas de la crisis económica.
Como es sabido, en 2020 los ingresos tributarios tuvieron una caída de aproximadamente 25,000 millones de lempiras y lo que se proyecta de parte de algunos economistas es que, al término de 2021, la captación de recursos también sea menor al monto que el país necesita para recuperarse de la pandemia.
Los economistas críticos de la orientación que se le ha dado a la macroeconomía han mostrado su desacuerdo con el desmesurado monto destinado a los sueldos y salarios de los servidores del Estado que, en su gran parte, son activistas políticos.
La economía hondureña No está en bonanza. Las evaluaciones realizas por estudiosos de las ciencias económicas ponen acento en un hecho: Antes de la pandemia, la cantidad que era orientada para la masa salarial representaba 44 por ciento de los ingresos por impuestos.
En 2020 creció hasta alcanzar el 59 por ciento que equivale a un incremento de 15 por ciento y, por lo que se augura, al cabo de 2021 la entrega de las remuneraciones a los burócratas subirá en 13 ó 15 por ciento.
La voracidad salarial de los empleados y funcionarios gubernamentales ha conducido a un mayor endeudamiento. Es como una bola de nieve que arrastra y pone en grave desequilibrio las finanzas nacionales.
De conformidad con las exposiciones de los economistas que han sido entrevistados por HRN, Honduras necesita redistribuir las plazas laborales y reasignar sueldos y salarios en el aparato estatal.
Porque los recursos que se diluyen en el gasto corriente deberían de ser empleados para los renglones esenciales de la educación y de la salud.
Las numerosas Juntas Interventoras, así como la exclusiva agrupación de servidores de alta categoría que devengan sueldos "ofensivos" para el pueblo por su magnitud, igual como la enorme población de 200,000 empleados públicos, tienen en "aprietos" las finanzas de Honduras.
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