Los testimonios de capos confesos reflejan claramente que la impartición de la justicia ha sido un fracaso en Honduras, donde el crimen organizado extendió y profundizó sus tentáculos en el quehacer político, contaminó las entidades partidarias y fracturó las bases de las instituciones.
En detalle han dado a conocer los declarantes cómo se armaron las redes de líderes políticos y de cabecillas del narcotráfico, una sociedad que se estima ha ocasionado, directa o colateralmente, alrededor de un centenar de asesinatos en varios años de operación.
Tomando como referencia los datos proporcionados hasta el viernes recién pasado, al menos una decena de expresidentes, exalcaldes y legisladores hondureños fueron los destinatarios de unos siete millones de dólares, alrededor de 170 millones de lempiras inyectados por los consorcios delictivos para el impulso de campañas proselitistas.
Parece incoherente que justo ahora el Ministerio Público emita un comunicado en el que anuncia que esa entidad se apresta a dar apertura a líneas de investigación a los personajes que han sido salpicados por los testigos presentados bajo juramento en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
¿No es demasiado tardía esa intención de la Fiscalía de Honduras de escarbar en el terreno infectado por el dinero sucio del crimen transnacional?
¿No han existido demasiados indicios y no se han acumulado evidencias de que algunos políticos de diferentes instituciones partidarias se entregaron hace mucho tiempo en las manos de la corrupción y de los carteles de la droga?
En los mismos términos podría ser colocado en entredicho el Poder Judicial, cuyas ejecutorias -en diversos tramos de la historia de Honduras- han sido timoratas, complacientes y pensadas para mantener alimentado al monstruo de la deshonestidad y de la delincuencia en su máxima expresión.
También han sido colaboradores en el complot entre capos y un grupo de líderes del poder político aquellos que han estado al frente de otras entidades responsables de vigilar por la licitud de los recursos introducidos en las actividades partidistas: la Comisión de Bancas y Seguros, la división de Inteligencia Financiera, la Unidad de Política Limpia y el Tribunal Superior de Cuentas.
Tristemente, la imagen de nuestro país sigue siendo manchada en los procesos de enjuiciamiento de nacionales que se ventilan en Estados Unidos.
Y ante toda esta podredumbre que se ha ido incubando en menoscabo de la legitimidad del Estado de Derecho de Honduras, lo que caben son acciones encaminadas a depurar y recuperar nuestra institucionalidad.
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