Los grupos mayormente expuestos a la violencia criminal son las mujeres, jóvenes y niños, una circunstancia que también impacta en la reducción de las posibilidades de desarrollo humano de estos sectores.
El más reciente informe de Naciones Unidas hace énfasis que la prevalencia de una alta tasa de muertes violentas y feminicidios en Honduras contribuye negativamente a las posibilidades de avances en el desarrollo humano de las mujeres y, por ende, de la sociedad entera.
En la sociedad hondureña, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha visto agravada por las nuevas dinámicas vinculadas con el crimen organizado y con las maras y pandillas, así como por la pandemia, destaca el análisis de la ONU.
Adicionalmente, el documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señala que la niñez y la juventud están expuestas a contextos de alta peligrosidad y riesgo de muerte violenta.
Se considera que entre 80 y 90 por ciento de los casos de criminalidad entre menores y adolescentes se concentran en el rango de 12 a 17 años, alrededor de un 70 por ciento de los mismos son cometidos en espacios públicos y con armas de fuego, y cerca de la mitad está motivado en ajustes de cuentas.
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Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y de los niños y jóvenes, reprochan el alto grado de impunidad. Los expertos nacionales consideran que las fallas en el proceso de investigación hace que más del 95 por ciento de los casos queden sin ser resueltos.
Datos estadísticos de órganos de la sociedad civil destacan que en el país es asesinada una mujer diariamente y dos menores fallecen cada 24 horas en forma violenta.
De ahí que al menos ocho de cada diez hondureños tengan la percepción de que en el país no hay acceso a la justicia pronta y que las leyes no son impartidas como se deben, o al menos, se hacen cumplir ce manera diferenciada.
A juicio de representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la justicia es una condición necesaria para alcanzar un "contrato social inclusivo" y una condición para consolidar el tejido social.
La discusión de dicho tema viene a propósito y es coincidente con la preocupación expresada por líderes políticos, de la empresa privada, de instituciones de la iglesia, de organismos de la sociedad civil y de entes internacionales para que la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea transparente y genere certidumbre.
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