El sector del transporte público en Honduras ha desembolsado unos 350 millones de lempiras desde enero hasta julio de 2024 por concepto de extorsión, según reveló el transportista Wilmer Cálix.

Los propietarios de buses son los más afectados con un abono mensual de entre 40 y 50 millones de lempiras a al menos cinco grupos delictivos que operan a nivel nacional.

Cálix también informó que estas estructuras criminales exigen pagos semanales por cada unidad que opera en las principales ciudades de Honduras, incluyendo Tegucigalpa y San Pedro Sula.

"Este año ha sido especialmente duro; la extorsión ha puesto de rodillas al sector en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En los últimos dos meses, nuevas estructuras han comenzado a causar problemas", relató Cálix a El Heraldo.

Explicó además que los dueños de buses deben pagar hasta a dos pandillas que imponen el denominado impuesto de guerra.

"A nivel nacional, enfrentamos pagos a entre dos y cinco maras y pandillas, dependiendo de la ruta; en algunas ocasiones pagamos a dos y en otras hasta a cinco", añadió el dirigente del transporte.

Además de enfrentar la extorsión, en los últimos días los transportistas han denunciado que ya no soportan los asaltos y robos constantes en las diferentes rutas, especialmente en Tegucigalpa, donde los conductores han expresado su exasperación por los continuos robos.

Estos hechos no solo afectan la seguridad de los propietarios de las flotas de buses, sino que también impactan la vida de los conductores y sus familias, ya que son los choferes y cobradores quienes a menudo pagan con su vida cuando no se cumple con el pago de la extorsión.

Por su parte, Jorge Lanza, otro dirigente del transporte, mencionó que las muertes en el sector han disminuido en comparación con 2023. Sin embargo, atribuyó este descenso al pago puntual de la extorsión.

"Aunque las acciones policiales han tenido algún efecto, no han sido tan efectivas como esperábamos, o como ellos lo han anunciado", apuntó Lanza.

Recientemente, las autoridades de Seguridad lanzaron un proyecto denominado Plan Solución Contra el Crimen, con el objetivo de desmantelar estructuras criminales y brindar seguridad a la población hondureña.

Las autoridades también han implementado medidas adicionales de seguridad, como la instalación de sistemas de cámaras en algunos buses, para proteger a este vital sector del país.