El Tribunal de Sentencia en San Pedro Sula declaró culpables el lunes (23.08.2021) al ex alcalde Óscar Eduardo Kilgore López y tres exfuncionarios de la comuna sampedrana por el delito de violación de los deberes de los funcionarios todo en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.

La Sala II del Tribunal encontró por unanimidad de votos culpables a Kilgore,  José María Ávila Soleno, Óscar Guerra Ocampo e Ingmar González Figueroa por tal ilícito.

La Audiencia de Individualización de la Pena Concreta se programó para las. 09:00 de la mañana del martes 14 de septiembre del presente año.

Acusación

De acuerdo con informe, entre los años 2002 y 2006  Kilgore López se desempeñó como alcalde municipal o sea representante legal y administrador general, José María Ávila Soleno auditor, Óscar Guerra Ocampo tesorero municipal e Ingmar González Figueroa gerente de finanzas y administración.

Y durante el período comprendido del mes de enero del 2002 a enero del 2006 la municipalidad sampedrana efectuó pagos a través de diferentes cuentas corrientes de siete instituciones bancarias a favor del Restaurante Arte Marino cuya propietaria era Francis Elizabeth Martínez Murga esposa de Manuel Antonio Paz Chávez que también fungió como gerente general de la municipalidad desde el 28 de enero del 2002 al 29 de marzo del año 2005.

Con montos diversos que ascendieron a 711,592.77 Lempiras los cuales estaban sin respaldo en la documentación soporte.

Por otra parte, se detectaron pagos de 788,531. 70 Lempiras siempre a favor del restaurante Arte Marino de los años 2003 a enero del 2006.

Todos los títulos valores con que se pararon esos gastos de alimentación, sin el respaldo o sea sin el soporte correspondiente. Así se obviaron los procedimientos de adquisición de suministros que prohibía la participación de proveedores únicos.

Y por eso su acusación va bajo el principio de la retroactividad de la ley ya que la nueva normativa favorece al reo, se aplica el código penal vigente que califica el delito de  violación de los deberes de los funcionarios que protege el bien jurídico protegido como es la administración pública del Estado de Honduras.

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