La construcción de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, en el Caribe de Honduras, habría sido descartada por las autoridades tras el fracaso de tres licitaciones para el desarrollo del proyecto, según confió a Radio HRN una fuente del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Sin embargo, en su lugar se prevé la instalación de un destacamento militar de las Fuerzas Armadas de Honduras para el control y la vigilancia en el Caribe.
Hasta el momento no se han brindado más detalles de este destacamento militar de las FF. AA. ni más información del descarte del proyecto que, en los últimos meses, había sido rechazado por distintos sectores de Honduras.
Destacamento militar en Islas del Cisne
Al respecto, el general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, consideró esta noche a Radio HRN como "muy apresurada" y "sin ningún tipo de reflexión" la idea de construir una prisión en el archipiélago.
"Decisiones como esas requieren un proceso largo para tomar la decisión, deben estar anunciadas en un plan de Gobierno, debe ser parte de una actividad clave en cómo manejar la seguridad interior de un Estado (…), pero eso no se anunció en ningún momento ni en el 2022 ni en el 2023, por lo tanto fue una acción fuera de lo que debe de ser un proceso de planificación estratégicas en cuestiones de seguridad y, específicamente, en lo que es el marco del sistema penitenciario", opinó Galeas.
Además, el general en condición de retiro catalogó una instalación de un destacamento militar en Islas del Cisne como "una salida infantil para justificar el hecho de no construir una cárcel de máxima seguridad".
"Lo digo así porque construir un destacamento naval es algo básico, la naturaleza de las Islas del Cisne no exige una base naval, sino que una posta de aeronaval como parte de una expresión de soberanía", argumentó Maldonado Galeas.
Cárcel en Islas del Cisne
El Gobierno de Honduras anunció en 2023 la construcción de dos centros penales: uno entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, y uno en Islas del Cisne.
Este proyecto en el archipiélago iba a tener un costo de unos 80 millones de dólares, equivalente a más de 1,900 millones de lempiras, según había informado la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), e iba a albergar a más de dos mil reclusos de alta peligrosidad.
Para ello se llevó a cabo tres procesos de licitación: los primeros dos fracasaron debido a que las empresas participantes no cumplían con las garantías bancarias exigidas por la Ley de Contratación del Estado, mientras que el último falló luego de que ninguna empresa participara alguna oferta en el plazo establecido.
De acuerdo a diversos sectores, el fracaso en las licitaciones se debió a la poca viabilidad del proyecto, uno de los argumentos por el cual el mismo fue rechazado.
Este rechazo -que fue de parte de analistas, ambientalistas, biólogos, defensores de derechos humanos, la oposición hondureña y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)- se debía al "grave daño" ambiental que supondría la construcción de esta prisión de máxima inseguridad.

