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Si bien la propuesta para derogar la Ley de Empleo por Hora ha generado una reprobación generalizada, hay que hacer la salvedad que se ha abierto un proceso de socialización, en un intento de colocar la normativa a tono con las necesidades del mercado laboral.



La Comisión de Dictamen del Poder Legislativo iniciará esta semana un acercamiento con los sectores que están directamente vinculados con el tema: los empresarios, los trabajadores y hasta los representantes de los desempleados.



Estamos convencidos que es la mejor alternativa, antes de destruir los esquemas laborales que están en vigor, como es el caso del empleo por hora, que ha permitido que 700,000 hondureños tengan una fuente digna de ingresos y que sus derechos sociales sean reconocidos.



Lo concluyente es que el empleo por hora debe ser analizado en sus oportunidades y fortalezas, a efecto de contraponer los aspectos críticos en los que hacen hincapié los dirigentes obreros y que, según su juicio, vuelven precario el trabajo en Honduras.



Es inaplazable el debate sobre el gigantesco problema del desempleo que afecta a unos cuatro millones de personas en Honduras. No hay duda de ello.



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Bueno sería que los principales actores: los delegados del capital y del trabajo, encuentren un espacio para colocar sobre la mesa el drama de quienes están desocupados y de aquéllos que se encuentran subempleados o desalentados.



El nuevo Gobierno está en la encrucijada de formular y de consensuar una política de multiplicación y rescate de empleos, la que solamente podrá ser eficaz en la medida en que se garanticen dos condiciones primarias: la seguridad jurídica y la inversión.



Estos dos elementos son coexistentes; sin ellos, no es factible la llegada de inversión para generar más plazas laborales y reducir la pobreza.



Son justamente dos de las debilidades que presenta la realidad nuestra. En Honduras no hay seguridad jurídica, que es una garantía de igualdad de condiciones legales y de respeto a los derechos y deberes consignados en la Constitución y las leyes.



Como una consecuencia inmediata de tal anormalidad, el terreno para atraer capital se ha tornado desértico, en tal grado que la inversión extranjera directa ha ido en caída en la última década en al menos 70 por ciento, desde los 1,400 millones de dólares hasta los 400 millones.



Sin seguridad jurídica es imposible promover la inversión y, sin la disponibilidad de recursos, no se puede esperar que fluyan los nichos donde se genera la riqueza, se disminuye la pobreza, se estabiliza la economía y se dan a luz más puestos de empleo.



Honduras, con el 75 por ciento de la población sin capacidad para satisfacer sus necesidades más elementales, necesita plantear una respuesta alrededor de “más empleo”, “mejor terreno para hacer negocios”, “mayor inversión” y “justo derramamiento de bienestar general”.

Editorial HRN: Desempleo y falta de inversión