Los agentes detuvieron a cinco personas en Brasil y a 14 en Paraguay, y lanzaron 21 pedidos de detención internacional a través de la Interpol, aseguró en rueda de prensa el ministro de Justicia y Seguridad brasileño, Flávio Dino.
Además, se llevaron a cabo 38 órdenes de registro, 17 en Brasil y 21 en Paraguay, durante las cuales se confiscaron "centenas de armas" en Paraguay y 659 en Brasil.
La empresa que está en el centro de la trama tenía su sede en Asunción, la capital paraguaya, y durante 3 años movió mercancía por un valor cercano a los 1.200 millones de reales (unos 240 millones de dólares).
En Paraguay, se raspaba el número de identificación de las armas, que incluían fusiles y pistolas y que eran importadas de varios países europeos, entre ellos Croacia, Turquía, Chequia, y Eslovenia.
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Las armas iban dirigidas, según Dino, a las dos principales facciones criminales de Brasil, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC), con presencia en todo el territorio del país sudamericano.
Según Dino, la acción policial va a tener un "fuerte impacto" sobre las organizaciones, ya que supone el "cierre de esa vía logística".
"Hay una investigación en curso para identificar cuántas de esas armas fueron introducidas en Brasil de forma ilegal", afirmó Dino.
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