La aprobación de la controvertida Ley de Justicia Tributaria se encuentra estancada en el Congreso Nacional debido a la falta de consenso entre las distintas bancadas. La sesión del martes concluyó sin avances luego de que los diputados de la oposición, liderados por el Partido Nacional, expresaran su negativa rotunda a aprobar la ley.
Lissi Cano, diputada del Partido Nacional, quien fue contundente en su posición, cuestionó a través de HRN las acciones de la junta directiva del Congreso Nacional y su intención de imponer leyes en beneficio del partido de Gobierno.
“Así, nunca habrá gobernabilidad. No vamos a aprobar la Ley de Justicia Tributaria. Ellos, los de Libre, quieren imponer todo”, afirmó, condenando lo que considera un intento del oficialismo de forzar la aprobación de la normativa.
¿Qué pasó en la última sesión del Congreso Nacional?
El ambiente en el hemiciclo se tensó aún más cuando los diputados nacionalistas presentaron una moción para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. Sin embargo, los parlamentarios denunciaron que el presidente del Congreso, Luis Redondo, no les concedió la palabra para presentar su solicitud, lo que elevó aún más la tensión.
En otro momento de alta tensión, la bancada de Libre desplegó carteles con fotos de miembros del Partido Nacional acusados de corrupción, lo que encendió los ánimos en el recinto.
Ante el riesgo de que la situación se desbordara, Luis Redondo decidió suspender la sesión, comprometiéndose a darle la palabra a los nacionalistas en la próxima reunión, programada para este miércoles 23 de octubre.
La falta de acuerdos en el Congreso sigue bloqueando el avance de la agenda legislativa, mientras los conflictos internos amenazan con agravar la crisis política en el país.
¿De que trata la Ley de Justicia Tributaria?
La Ley de Justicia Tributaria es una iniciativa del gobierno de Honduras destinada a reformar el sistema tributario nacional, con el objetivo de hacerlo más equitativo y eficiente. Esta ley busca eliminar exoneraciones fiscales y privilegios que han beneficiado a grupos económicos específicos, estableciendo nuevos regímenes que promuevan la inversión y el desarrollo económico del país.
