El abogado Varela dejó en claro que su denuncia contra los diputados se presentó a título personal, sin afiliación política, subrayando: "Simplemente lo estamos haciendo como ciudadano a título personal. Eso es todo, aquí no hay ningún interés político de ninguna parte".
Su denuncia se basó en la presunta firma de documentos y resoluciones por parte de estos diputados en calidad de presidente y secretarios de la junta directiva provisional instalada por la oposición, lo que según él constituye un delito de usurpación de funciones públicas, abuso de autoridad y otros delitos que el Ministerio Público debería investigar.
Al consultarle sobre la posible intención de que los diputados denunciados sean inhabilitados, el abogado lo negó, pues argumentó que los congresistas deben ser vencidos en juicio para conocer su eventual pena.
Al respecto, explicó: "Las penas de privativas de libertad son realmente son bajas, sin embargo, estas penas conllevan al doble de la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, pues estamos hablando ya en su conjunto penas que sumarían más de 10 años".
'Amparados en la Constitución'
En respuesta a las acusaciones, Marlon Lara, uno de los diputados señalados, argumentó que las acciones emprendidas por los legisladores de oposición están respaldadas por la Constitución de la República de Honduras.
Lara: explicó a noticieros Hoy Mismo: "Nosotros, invocando el artículo 190 de la Constitución de la República, nos autoconvocamos para ampliar el período de sesiones del Congreso Nacional".
Esta medida, según él, se llevó a cabo de manera legal y se ajusta a las normas constitucionales, en la que se eligió una junta directiva provisional para ampliar el periodo de sesiones hasta el 24 de enero de 2024, ante la parálisis legislativa desde agosto de 2023.
Asimismo, Lara externó que la Comisión Permanente, conformada e instalada por nueve diputados de la Junta Directiva, la mayoría de ellos, del Partido Libertad y Refundación (Libre), es ilegal y que esta puede instalarse solo cuando el CN está en receso, lo cual -sostuvo- no es así en este momento.
"Una denuncia la puede poner cualquier ciudadano, es el derecho que tienen, pero nosotros estamos dentro de lo legal y eso van a ser las autoridades que van a tener que decidirlo", sentenció.
La crisis en el Congreso
La crisis en el Congreso Nacional se ha exacerbado debido a la falta de sesiones ordinarias desde el 31 de agosto, principalmente debido a la disputa sobre la elección de fiscales generales.
Mientras que la oposición abogó por la celebración de sesiones ordinarias para abordar otros asuntos legislativos, los diputados del Partido Libre se han opuesto, priorizando la elección de fiscales.
El 31 de octubre, al no haber acuerdo para cerrar el período de sesiones ordinarias, la oposición llevó a cabo una reunión extraordinaria en un sector del hemiciclo, mientras que la Junta Directiva formó una Comisión Permanente, cuya legitimidad ha sido objeto de debate y controversia.
Dicha comisión determinó el 1 de noviembre nombrar de manera provisional a Johel Zelaya, como fiscal general, y a Mario Morazán, como fiscal adjunto, del Ministerio Público (MP).
De tal modo, los diputados en oposición, quienes se reunieron el 7 de noviembre determinaron dejar sin valor y efecto la instalación de la Comisión Permanente, así como el nombramiento de los fiscales interinos del MP.
Por lo anterior, una comisión especial de los parlamentario opositores se presentará ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar ante la Secretaría General de ese poder del Estado el oficio donde dejaron sin valor y efecto la comisión permanente y los nombramientos que esta hizo.
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