Ni la presión de diversos sectores que demandan austeridad financiera ni las propuestas presentadas en el seno del mismo Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, han hecho que los diputados y funcionarios gubernamentales hagan efectiva una reducción en los fondos y en los salarios que reciben.
Los burócratas de mediano y alto rango se han negado a que sus remuneraciones sean disminuidas conforme las calamidades de las finanzas del país.
En el hipotético caso que las estratosféricas sumas que reciben fuesen disminuidas en un 50 por ciento, las arcas del país tendrían un ahorro de 60 millones de lempiras anuales.
Como se sabe, las finanzas hondureñas están maltrechas y la alternativa presentada es la reducción de la masa salarial que ronda el diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto significa que de cada cien lempiras que produce el país, unos diez están dirigidos a sostener el aparato gubernamental que tiene una población de entre 250,000 y 300,000 funcionarios y empleados.
Unos 1,500 servidores públicos reciben más de 60,000 lempiras mensuales; de ellos unos veinte se llevan un sueldo superior a 200,000 lempiras y cerca de 30 más reciben cantidades entre 150,000 y 199,000 lempiras.
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La misma negativa a abandonar los privilegios de que han gozado muestran los diputados. Ninguno de ellos ha hecho manifiesta la decisión de que su planilla sea recortada.
Nada más en el pago de sueldos a los legisladores propietarios se realiza un gasto 12 millones de lempiras cada mes.
Y no conformes con este desembolso que, al cabo, son recursos del pueblo, los congresistas no quieren que desaparezca el Fondo Departamental, el que históricamente ha sido manejado como una "piñata".
Recientemente se denunció que esos dineros que suman 192 millones de lempiras, siguen siendo repartidos con toda discrecionalidad con el pretexto de que son invertidos en programas y proyectos de beneficio social y de alivio a la pobreza de los diferentes municipios.
Como se recuerda, la semana anterior el presidente de la Cámara Legislativa, Luis Redondo, justificó que el Fondo Departamental como tal ya desapareció y explicó que esa asignación monetaria no será otorgada a los congresistas, sino que éstos serán únicamente gestores de los proyectos de desarrollo local.
El cuestionamiento principal que se hace en este marco es que cuando las finanzas del país están menguadas y la crisis económica y social arrecia, los altos funcionarios de los Poderes del Estado se niegan a despojarse de las partidas exorbitantes que manejan y que se distribuyen entre ellos, en tanto siete de cada diez hondureños son golpeados por la pobreza.
