Un juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra Dulce María Villanueva, exdirectora de la desaparecida Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), por el delito de concusión.
El Ministerio Público inició la investigación luego de una denuncia que señalaba a Villanueva por exigir pagos de cinco mil lempiras a empleados a cambio de mantener sus puestos de trabajo y obtener aumentos salariales.
Tras librarse el requerimiento fiscal, la exfuncionaria fue capturada el 8 de diciembre y presentada al día siguiente en audiencia de declaración de imputado, donde inicialmente se le impuso detención judicial.
Durante la audiencia inicial, Villanueva solicitó enfrentar el proceso penal en libertad y presentó un arraigo, consistente en un bien hipotecario tasado en 2 millones de lempiras, como garantía de cumplimiento del proceso.
Frente a esto, el juez le otorgó medidas sustitutivas que incluyen presentarse periódicamente a firmar en los juzgados, no salir del país y evitar acudir a las instalaciones de la Dinaf, hoy Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
La audiencia preliminar quedó programada para el próximo 12 de enero de 2026.
Concusión y arraigo: abuso de poder y garantía judicial
Según el Código Penal de Honduras, la concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su autoridad para obligar o inducir a un particular a entregar dinero, bienes o cualquier beneficio patrimonial que no le corresponde legalmente.
A diferencia del soborno, en la concusión la víctima accede por temor o por creer erróneamente que está legalmente obligada.
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El arraigo es un mecanismo legal que permite al imputado responder el juicio en libertad mediante la garantía de un bien, generalmente un inmueble, asegurando su comparecencia ante los tribunales.
Este instrumento evita la prisión preventiva mientras el proceso sigue su curso. Además, el tribunal puede imponer medidas adicionales como firma periódica, prohibición de salir del país y restricción de acercarse a ciertos lugares o personas vinculadas al caso.
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