Si hay algo en lo que los hondureños estamos de acuerdo es que la corrupción y la impunidad llegaron a tener carta de ciudadanía aquí, cuando en lugar de combatirlas y castigarlas, mas bien las terminamos disculpando, justificando y, lo peor, perdonando.
Y no “conformes” con eso dimos el siguiente paso al abismo de la inmoralidad promulgando desde la institucionalidad misma, los llamados “pactos de impunidad”; el marco jurídico desde el cual las redes de corrupción lograron cooptar las instituciones estatales, garantizando prácticamente que su quehacer delictivo quedase impune.
Y así entonces llegamos a donde hemos llegado con el último de estos pactos: la simplemente conocida como amnistía política que a través del Congreso Nacional se nos deslizó como Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho, Constitucional y Socialista, para que los Hechos no se Repitan. Qué tal?. Para que los hechos no se repitiesen.
Resulta contradictorio todo esto que está pasando en el país, pero si hay algo de lo que la institucionalidad hondureña se ha ufanado es de haber creado una estructura normativa enfocada en la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, a la luz de la evidencia, o esa estructura se dio “vuelta en lo plano”, o simple y sencillamente, el montaje del andamiaje fue tan falaz como ilusoriamente cínico, que lo que se terminó armando fue una impune red de corrupción en los tres poderes del Estado que al tenor de disfrazadas reformas legales y unidades para la rendición de cuentas y lucha contra el crimen organizado, dieron carta de ciudadanía al que ha sido uno de los azotes que ha flagelado con dureza al pueblo hondureño.
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Los pactos de impunidad como los groseros actos y acciones que han desencadenado este bárbaro latrocinio han sido tan dañinos. Las finalmente institucionalizadas redes de corrupción lograron controlar y obstaculizar la rendición de cuentas, cooptaron al mismísimo Estado como tal, hasta reducir a nada más una referencia institucional la lucha contra el delito en su configuración general. Y el resultado de eso terminó siendo el pacto de impunidad a través del cual ex funcionarios con cuentas pendientes por fraude, enriquecimiento ilícito, delitos de corrupción y delitos comunes en su grado de ejecución, eludieron los requerimientos, las acusaciones y los procesos criminales. ¿Y saben que es lo peor?
Que hay quienes aquí aún dudan que esa tal amnistía no es más que un perdón general a favor de personas a los que solo ha faltado colocarles una aureola en la cabeza.
Pero ese amplio, general e incondicional perdón fue para quienes llegaron a acumular un rosario de hasta más de 23 figuras delictivas enrostradas, que iban desde el abuso de autoridad hasta la violación de los deberes de los funcionarios; desde la malversación de caudales públicos hasta negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; desde el enriquecimiento ilícito hasta la falsificación de documentos públicos y privados. ¿Qué tal?
Así fue también como irrumpió el nuevo e impune Código Penal allá por el año 2020 que en la lucha contra la corrupción, modificaba los tipos penales y de penas ya no aplicables a delitos relacionados con prácticas de corrupción mientras reducía las penas previstas.
El instrumento penal y legal hecho a la medida de los peores conspiradores que ha tenido el pueblo hondureño. Un código que contiene una reducción significativa de las condenas asociadas a los actos de corrupción comprendidos en los tipos penales que corresponden a los delitos contra la Administración Pública.
Una grosera como falaz permisividad, bajo la densa ausencia de sanción del crimen que socavó el tejido social, jurídico y económico del país.
Aquí es claro y deplorable que ningún delito, de lesa humanidad que sea, recibe un castigo de las mismas proporciones del daño que provoca, como también quien lo comete y fomenta.
Una lucha que se ha vuelto desigual y que pareciera perdida, por la que seguiremos pagando incuantificables consecuencias, en tanto este colapsado sistema siga empoderando por los siglos de los siglos la impunidad bárbara y letal que ha socavado hasta el borde las muerte, la estructura social, política y económica de Honduras.
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