No hay que restarle importancia a la denuncia que se ha hecho propagar en cuanto a que ya hay diputados, entre ellos suplentes, que comenzaron a involucrarse en negociaciones para comprometer su voto a favor de la Ley de Justicia Tributaria.
Es censurable que un tema de primera importancia sea “negociado” al calor de los más bajos intereses. No es un asunto político, es una temática que tiene que ser abordada enteramente desde el punto de vista técnico.
Aplaudimos que se haya iniciado un proceso de socialización de la iniciativa legal que fue remitida por el Poder Ejecutivo, con el propósito “de fachada” de acabar con los abusos en el otorgamiento de beneficios fiscales.
Lo que hay que advertir es que estas jornadas no tendrán los resultados esperados si no son tomadas en cuenta las observaciones expuestas por quienes Sí tienen conocimiento calificado de la asignatura tributaria.
Que no sea, entonces, una pantalla montada para dar la impresión de que se les ha abierto espacio a todos los sectores para exponer sus criterios y aportar luces al debate sobre la estructura fiscal y tributaria de Honduras.
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No ha habido un diálogo amplio en torno a los principios que Honduras necesita adoptar para reactivar su economía, crear empleo, atraer inversión y producir riqueza.
Los mismos funcionarios del Gobierno han sido los protagonistas de fuertes discusiones que, por mucho, han sido inapropiadas por su contenido politizado y de un pobre aporte al debate sensato.
Sobran los que, en su papel de “corifeos”, han calificado de traidores a sus pares del Gabinete de Gobierno por el solo hecho de haber cuestionado el proyecto de ley que elimina 14 regímenes de exoneraciones y exenciones y que crea dos nuevos.
También están los que, al presentar sus argumentos críticos, han negado que estén del lado de las grandes empresas y expresado que la ley no puede estar concebida para terminar con las limitadas posibilidades que tenemos en este país de crear empleos.
Porque nos negamos a creer que la consigna del Gobierno que pregona la refundación de Honduras sea la de provocar la quiebra o la emigración de la empresa privada.
¿O, acaso, es así? Y es que, como está planteada, la Ley de Equidad Tributaria elimina los beneficios fiscales que son necesarios para propiciar un clima favorable a la llegada de capital y a la multiplicación de puestos de trabajo.
Los gobernantes de este país no deben ni pueden imponer cambios en el sistema tributario sin un consenso amplio entre los sectores involucrados, principalmente entre los empresarios. Ellos son quienes generan riqueza, les dan apertura a plazas de trabajo, además de su significativa contribución con el fisco.
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