Siguió siendo este, un año aciago para el estudiantado hondureño. Unos 800 mil alumnos continuaron fuera de las aulas en este 2022, y un promedio de 491 niños y niñas desertaron cada día de las aulas a lo largo del año lectivo que ya quedó clausurado.
Es decir, nada cambió a bien en el sistema educativo público. Este año la misma cantidad de jóvenes, unos 98 mil aproximadamente, abandonaron de nuevo su centro educativo, mientras el mismo promedio, 31 de cada 100, tuvieron la oportunidad y el privilegio, de entrar a la escuela pública.
Son más de 800 mil hondureños que no saben leer ni escribir, y que aún tengamos un millón cien mil niños y jóvenes que ni siquiera conozcan un aula de clase, significa, ni más ni menos, que nada ha mejorado y que el estado de Honduras sigue a años luz de alcanzar los estandares internacionales que coronan la calidad educativa. Los indicadores con los que estamos cerrando el año lectivo 2022, coligen entonces que algo sigue sin andar bien en el país.
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La nueva institucionalidad que asumió la gestión administrativa del sistema a partir del mes de enero ha quedado también a deber en el ensanchamiento de la deuda que tenemos con los estudiantes hondureños en inclusión, pertinencia y equidad en la escuela pública. Como Estado se continúa conspirando contra el derecho que los hijos de esta nación siempre debieron tener al conocimiento, independientemente de sus condiciones sociales, económicas y culturales.
La imposibilidad de que aún un millón de alumnos potenciales no pueden entrar al aula vulnera la premisa constitucional según la cual todos tienen derecho de aprender, en un entorno que ofrezca condiciones y garantice el aprendizaje con calidad y pertinencia.
Que sean tantos los niños y jóvenes que no pueden ir a la escuela aún, conspira contra la inclusión misma; la oportunidad que debería abrirse a través del conocimiento para construir una sociedad democrática, inclusiva, pertinente y respetuosa del ser humano, y en este caso, de la niñez y juventud hondureña. Hoy por hoy, Honduras está ya a la cola en la región centroamericana. El 75 por ciento de nuestros estudiantes no alcanza el estándar internacional mínimo en lectura, y en matemáticas el indicador es más que escalofriante.
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Mientras Costa Rica destina el mayor porcentaje de su riqueza a la enseñanza otorgando el 7, 6 por ciento del PIB a la educación, Honduras no logró pasar de un 4.9 de su Producto Interno Bruto como inversión en el vital rubro. En 2022 ya nos superaron las demás naciones, incluida Nicaragua, y en el ranking de alfabetización global ocupamos el inaceptable lugar de 95 entre los países del mundo. Aquí, sin duda, la premisa constitucional de que la educación pública es un derecho, inclusivo, justo, igualitario, ha sido muy a nuestro pesar, ha sido papel mojado!.
El compromiso constitucional del Estado de Honduras lamentablemente no solo NO evolucionó sino que más bien retrocedió. Los indicadores de analfabetismo, deserción, repitencia, escasa cobertura, son deplorables como inadmisibles.
El 2022 siguió siendo el reflejo de un sistema que continúa atentando contra la dignidad de la persona, y que no hace más que acarrear miseria, pobreza y desesperanza. Nuestro sistema educativo sigue siendo “terreno fértil” a la inequidad, cerrándole paso a niños y jóvenes a una educación de calidad y pertinencia!. O la situación empeora o le apostamos por fin como país, a un plan nacional de reforma educativa que en verdad produzca cambios que impacten en el desarrollo de Honduras!
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