Se tornan, además, en elementos imprescindibles para generar confianza en la población al tiempo que se convierten en auditor ciudadano para vigilar los recursos públicos. Pero en Honduras es todo lo contrario. Son aquí la excepción y no la regla.

Un informe presentado días atrás por el Consejo Nacional Anticorrupción ha dejado en evidencia cómo las puertas del Gobierno central a una información pública clara y confiable, siguen cerradas, impidiéndole a los ciudadanos conocer la ejecución de los recursos, los procesos de licitación, las compras directas y los resultados de la misma actuación de los funcionarios y entidades.

La resistencia a la rendición de cuentas sigue enraizada en la conducta, casi antropológica, del funcionario público hondureño, y esa negativa institucional, incluso a abrirse al escrutinio público, ha sido el caldo de cultivo para la rampante impunidad que en la última década permitió que de 155 sonados casos de corrupción, solo 22 expedientes hayan sido judicializados. 

Eso explica por qué en Honduras la impunidad ha ganado la partida. Los atroces alcances de la opacidad institucional y el enorme tamaño que ha alcanzado la impunidad, le han terminado de otorgar su carta de ciudadanía.

Esos son los devastadores y enormes costos que la corrupción misma han infligido al pueblo hondureño. Un problema tan grande porque además de distorsionar el uso de los recursos, debilitar la institucionalidad, resquebrajar el nivel de vida, minar el crecimiento económico, desalentar la inversión nacional y extranjera y destruir la confianza pública, ha empobrecido a la población hondureña.

Siete de cada 10 hogares hondureños enfrentan dificultades por la pobreza, mientras se estima que el 74 por ciento de la población hondureña tiene igualmente problemas vinculados con la pobreza.

El informe del Consejo Nacional Anticorrupción en el que incluso aparece aplazada en información pública clara y confiable, la mismísima Casa Presidencial, se convierte en un expediente de que en Honduras la rendición de cuentas es y sigue siendo, una tarea pendiente.

Por eso es que decimos que la frágil probidad administrativa, la escasa transparencia y la contracultura de rendir cuentas, han infligido a los hondureños, costos demoledores y aterradores. Junto a la opacidad dañina, han sido el caldo de cultivo de esta impunidad rampante, arraigada a la vez por una estructura institucional y un marco legal débil y complaciente.                                                                                                             

Como sociedad hemos prácticamente fracasado en la construcción de los mecanismos de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, contención de la corrupción y erradicación de la impunidad. 

De ahí que la invitación que le han hecho a la institucionalidad gobernante el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el Consejo Nacional Anticorrupción a formar un frente común e intersectorial, no debe ser tomado ni con recelo ni condiciones por parte del sector oficial.

Ayer decía en HRN el titular de la Secretaría de Transparencia que están dispuestos a articular con el gremio empresarial y las organizaciones de sociedad civil una estrategia común para combatir los flagelos de la corrupción y la impunidad, pero que antes, el sector privado tiene que limpiar su casa de las inmundicias que tiene impregnadas, y la sociedad civil hacer a un lado sus prejuicios contra el sector oficial.

No parecen entonces interesados en hacer ese frente común, ni mucho menos, convencidos de que solo a través de la articulación de todos los sectores, son menos pesadas las cargas.

Así las cosas, la indiferencia y opacidad institucional, como la opaca transparencia, la resistencia a rendir cuentas y la débil probidad administrativa, seguirán siendo como la corrupción y la impunidad, los eternos dolores de parto del pueblo hondureño.