La inveterada y flagrante costumbre de excederse en la ejecución del presupuesto anual, o en su defecto, gastar más de lo que se tiene, fue siempre moneda de curso corriente en los gobiernos de turno.

Fueron groseros e irresponsables en hacer prácticamente piñata con los fondos públicos, mientras, por ejemplo, la población enferma que a diario llega en busca de atención a los hospitales públicos, solo recibe el 3.8 por ciento del presupuesto anual que la Secretaría de Salud destina para comprar medicamentos y material quirúrgico.

Gastar más, o gastarlo todo, y de forma superflua, como el desenfrenado gasto corriente, es un lastre que los gobiernos de turno, tolerables obviamente con el abuso de sus funcionarios, arrastran hasta el abismo del desfase fiscal o el déficit presupuestario, alterando el presupuesto como tal, la inversión social y, sobre todo, el crecimiento económico.

Las burbujas salariales, el desbocado gasto corriente y la indisciplinada gestión presupuestaria, se terminan traduciendo entonces en serios riesgos de liquidez y sostenibilidad fiscal en perjuicio de los programas sociales y de la inversión pública. En las dos últimas décadas, el gasto corriente se fue convirtiendo en la mayor carga del presupuesto general, mientras drenaba más del 80 por ciento de los ingresos nacionales y externos.

De los 27 mil millones de lempiras ejecutados en inversión pública en el primer semestre de este año, apenas el 6 por ciento se destinó a la inversión productiva.

¡Un país con semejantes desequilibrios no puede expandir su inversión pública y social! Y un país cuyas políticas de expansión del gasto corriente sacrifican la inversión pública y también privada, termina finalmente, más temprano que tarde, adentrándose en un peligroso proceso de desaceleración de su economía, incluidos los procesos inflacionarios.

Estamos claros que el gasto corriente como los desfases que provoca la deficitaria ejecución presupuestaria no es sencillo eliminar. No es que tampoco no sea necesario el gasto corriente. De lo que se trata es de poder regularlo. Establecer los equilibrios. Cumplir, cabal o aceptablemente, con el objetivo de eficiencia que es, al final del día, lo que uno espera pueda hacer un gobierno.

Es lo que esperamos, cuando menos, de esta administración. Controlar el gasto a cambio de un incremento sustancial en los recursos destinados a la inversión pública y productiva, que es lo que al final puede incidir en una mejora de la actividad productiva del país. Poner en orden a las más de cien dependencias estatales, que han sobregirado en gasto improductivo sus presupuestos, debe ser la orden del día del gabinete económico girada a través de la mandataria Castro.

La situación del país no es fácil y las condiciones de vida de los hondureños no están bien. 6 de cada 10 hogares que en Honduras viven en condiciones de pobreza pueden dar fe de ello. Transformar los recursos públicos para proveer bienes y servicios que cubran las necesidades de la población y que eleven sus niveles de vida, con equidad y justicia social, es lo que la gente del gobierno tiene prohibido olvidar.